El juez Peinado cita a Begoña Gómez y a su asesora para la entrega de sus pasaportes

El juez Juan Carlos Peinado ha emitido una citación formal para este miércoles a las 18:00 horas dirigida a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez. El objetivo de este requerimiento es que ambas comparezcan para hacer entrega de sus pasaportes, siguiendo las instrucciones detalladas en una resolución de 84 folios que se dio a conocer el pasado fin de semana y mediante la cual el magistrado abrió el juicio oral contra ellas.

En la providencia dictada el sábado, a la cual ha tenido acceso ElConfidencial, el juez es explícito sobre el procedimiento a seguir. El texto indica que, visto el estado actual de las actuaciones, se cita a las acusadas María Begoña Gómez y Cristina Álvarez para el próximo día 24 de junio a las 18:00 horas. La finalidad de esta comparecencia es notificarles y requerirles en legal forma la entrega del pasaporte expedido a su nombre. Asimismo, el juzgado ha solicitado que las investigadas informen si poseen cualquier otro pasaporte adicional al español ordinario, ya sea de carácter diplomático o de alguna otra nacionalidad, ordenando que se libren los oficios necesarios para asegurar la efectividad de esta medida.

La decisión del juez de imponer la retirada de los pasaportes se fundamenta en su valoración del riesgo de fuga. El magistrado entiende que, en el estadio actual del procedimiento, habiéndose cerrado ya la fase de investigación y habiendo dado paso a la apertura del juicio oral, existe un peligro real de que las investigadas abandonen el territorio. Para reforzar esta postura, el juez recuerda que las acusadas se enfrentan a una posible condena que podría alcanzar los 16 años de prisión.

Este auto no solo afecta a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, sino que también ordena que los acusados, incluyendo al empresario Juan Carlos Barrabés, sean enviados a juicio ante un tribunal del jurado. Específicamente para Gómez y su asistente, el juez ha impuesto una serie de medidas cautelares estrictas que incluyen, además de la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado dos veces al mes.

Estas medidas han generado una fuerte reacción en el ámbito político. Tanto el Gobierno como el PSOE han manifestado su malestar, acusando al juez de llevar a cabo una persecución política contra la mujer del presidente del Gobierno. Sin embargo, la controversia ha trascendido la esfera política para entrar en la institucional y policial.

Sindicatos policiales, la propia Policía Nacional y el Ministerio del Interior han expresado su rechazo frontal a la justificación utilizada por el juez para retirar los pasaportes. La defensa de Begoña Gómez se había opuesto previamente a esta medida, argumentando que no existía riesgo de fuga dado que la investigada cuenta permanentemente con la compañía de policías nacionales como escoltas. Ante este argumento, el auto del juez respondió que dichos agentes podrían, potencialmente, colaborar en una posible huida de la acusada.

Esta afirmación ha provocado un conflicto directo con las fuerzas de seguridad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reaccionado a este escenario y, este lunes, ha dado el primer paso para abrir un expediente disciplinario contra el magistrado Juan Carlos Peinado debido al uso de esa expresión específica sobre los agentes de policía.

En cuanto a los cargos penales, Begoña Gómez está siendo procesada por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación de fondos, tráfico de influencias y apropiación indebida.

A pesar de estas decisiones, el proceso legal aún no ha quedado firme. El caso se encuentra actualmente pendiente de la resolución de los recursos presentados por las partes ante la Audiencia Provincial de Madrid. Este tribunal deberá decidir próximamente sobre la validez de la decisión de mandar a juicio a la esposa del presidente del Gobierno y determinar si el procedimiento debe someterse efectivamente a un jurado popular.