La organización política Juntos por el Perú (JPP) ha formalizado una denuncia constitucional contra el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos. El recurso legal surge a raíz de presuntas irregularidades detectadas en el manejo y procesamiento del voto de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero durante la jornada de la segunda vuelta presidencial. A través de este mecanismo, la agrupación política ha solicitado formalmente que el Congreso de la República inicie una investigación exhaustiva sobre el desempeño y las decisiones adoptadas por el canciller.
El trámite legal fue gestionado y presentado por Pablo Salas Charca, quien actúa como el personero legal de Juntos por el Perú. La denuncia fue remitida específicamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, organismo encargado de evaluar la procedencia de este tipo de recursos contra altas autoridades del Estado. El núcleo del cuestionamiento presentado por la organización política se fundamenta en el análisis de la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, un documento emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales pocos días antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Dentro de los argumentos expuestos en la denuncia, Juntos por el Perú detalla una serie de puntos críticos que, según su postura, vulneraron los procedimientos electorales establecidos. En primer lugar, la agrupación cuestiona la decisión de realizar una fusión de las mesas de sufragio en diversas sedes internacionales. En segundo lugar, señalan irregularidades en la designación de los miembros de mesa, alegando que dicha labor fue ejecutada directamente por funcionarios consulares, lo que representaría una desviación de los protocolos habituales.
Un tercer punto de alta controversia es el método de traslado de la documentación electoral. La denuncia sostiene que el material fue enviado mediante valijas diplomáticas, en lugar de optar por una digitalización inmediata de las actas. Para Juntos por el Perú, estas tres medidas alteraron significativamente los procedimientos electorales, razón por la cual han solicitado la apertura de un juicio político y la correspondiente etapa de antejuicio contra el canciller Carlos Pareja Ríos.
La agrupación política enfatiza que todas las decisiones adoptadas durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial deben ser revisadas y fiscalizadas por el Parlamento. No obstante, la denuncia enfrenta un antecedente relevante: la ONPE había aprobado en el mes de febrero una resolución que ya incorporaba la digitalización y el escaneo de actas durante la primera vuelta electoral. En aquel momento, según se indica, no se presentaron recursos de nulidad ni denuncias similares por parte de los actores políticos involucrados.
Ante estas acusaciones, tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como el Ministerio de Relaciones Exteriores han salido en defensa de la legalidad de los procesos. Ambas instituciones han emitido posturas coincidentes, sosteniendo que las medidas implementadas fueron estrictamente disposiciones de carácter operativo. Según argumentan, estas acciones no modificaron la normativa electoral vigente ni vulneraron los derechos de los votantes, sino que buscaron optimizar la ejecución del proceso en el extranjero.
Por su parte, el canciller Carlos Pareja Ríos ha abordado el tema señalando que la Cancillería desempeñó un rol estrictamente ejecutor. Según el titular de Relaciones Exteriores, su institución actuó siguiendo las disposiciones y directrices emanadas por la ONPE, que es el ente rector del proceso electoral. Pareja afirmó además que todo el traslado del material electoral se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, asegurando que no se registró ninguna irregularidad durante el transporte de la documentación desde los consulados hacia el Perú.
El caso ahora queda en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá determinar si existen elementos suficientes para dar curso a la solicitud de juicio político presentada por Juntos por el Perú o si, por el contrario, las acciones del canciller se mantuvieron dentro del marco de las facultades operativas delegadas por la autoridad electoral.
