Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, integrantes de la bancada del Partido Cristiano de Chile (PCCH), han anunciado la presentación formal de un proyecto de ley destinado a modificar el Código Penal. El objetivo central de esta iniciativa legislativa es robustecer la protección punitiva de los niños, niñas y adolescentes (NHA), estableciendo un marco legal más severo y eficaz contra quienes cometan delitos de trata de personas en contra de este grupo vulnerable.
El pilar fundamental de la propuesta radica en la consagración de la imprescriptibilidad absoluta de la acción penal para diversas dimensiones del delito de trata de personas. Con esta medida, las parlamentarias buscan eliminar las barreras temporales que actualmente podrían impedir la persecución judicial de los responsables, asegurando que el paso del tiempo no sea un obstáculo para alcanzar la justicia en casos de graves vulneraciones a la infancia y adolescencia.
De acuerdo con el eje matriz de la propuesta, la condición de imprescriptible se extendería a todos los supuestos de la trata de personas contra menores de edad. Actualmente, la legislación podría presentar limitaciones, pero este proyecto busca que la persecución penal no se restringa únicamente a los casos vinculados a la explotación sexual. En su lugar, la iniciativa propone abarcar de forma integral todas las finalidades delictivas descritas en el artículo 411 quáter del Código Penal.
Entre las finalidades que quedarían bajo esta protección máxima se encuentran la esclavitud, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre y la extracción ilegal de órganos. Al integrar todas estas modalidades bajo la figura de la imprescriptibilidad, el Estado chileno garantizaría que cualquier forma de trata de menores pueda ser investigada y sancionada, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido desde la comisión del crimen.
Además de la modificación sobre la prescripción, el articulado diseñado por las diputadas Muñoz y Concha contempla un endurecimiento de las penas. El proyecto estipula un incremento en los grados de las penas privativas de libertad en aquellos casos donde el ilícito haya sido perpetrado por un funcionario público. Esta agravante se aplicaría específicamente cuando el delito se cometa en el ejercicio de sus funciones o mediante el abuso del cargo institucional que el funcionario represente.
En cuanto a las penas accesorias, el texto legal es tajante al disponer la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos, empleos, oficios o profesiones en centros educativos. Asimismo, esta prohibición se extendería a cualquier entidad que involucre un trato directo y habitual con menores de edad, buscando así blindar los espacios de cuidado y formación frente a potenciales agresores.
La diputada Francesca Muñoz fundamentó la necesidad de adecuar las normas vigentes argumentando que el Estado posee el deber ineludible de garantizar la capacidad de sancionar a las redes delictivas, sin que existan límites temporales que favorezcan la impunidad. Al respecto, la congresista explicitó: “Cuando una niña, niño o adolescente es víctima de trata de personas, el delito debe ser imprescriptible en todos los casos. Si la finalidad fue someter a la víctima a trabajos o servicios forzados, servidumbre, esclavitud, prácticas análogas o extracción de órganos, la ley también debe permitir investigar y sancionar a los responsables sin límite de tiempo. Ese es el objetivo de este proyecto, que ninguna forma de trata contra menores de edad quede fuera de la máxima protección penal”.
Por su parte, la diputada Sara Concha hizo hincapié en la urgencia de perfeccionar los tipos penales nacionales para hacer frente a las nuevas dinámicas del crimen organizado transnacional. Según la legisladora, es imperativo que la legislación chilena se actualice para sancionar de manera efectiva estos delitos, los cuales describió como un atentado grave contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
Durante la fundamentación de la moción, ambas parlamentarias recordaron su labor fiscalizadora durante los períodos legislativos de 2024 y 2025. En dicho tiempo, han levantado sucesivas alertas ante los ministerios correspondientes respecto a hechos asociados a la explotación sexual de menores, el tráfico ilícito de migrantes y diversas vulneraciones detectadas en zonas fronterizas.
Finalmente, la diputada Muñoz expresó su confianza en que la moción parlamentaria logre un respaldo transversal dentro de los comités políticos de la Cámara de Diputadas y Diputados. El anhelo de las legisladoras es que el proyecto tenga una tramitación expedita en las comisiones técnicas, permitiendo que la iniciativa se convierta en ley de la República en el corto plazo.
