El panorama energético de la República Dominicana se encuentra bajo un análisis crítico debido a la estructura de costos y la carga impositiva que recae sobre los consumidores. Mientras el Ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha señalado que la crisis internacional obligará a un incremento en los precios, a una reducción de gastos y a la focalización de los subsidios, expertos en la materia sugieren que el problema no radica únicamente en factores externos, sino en la forma en que se determinan los precios localmente.
José Luis Moreno San Juan, fundador del IEUASD y profesor meritísimo de la FIA-UASD, sostiene que existe una distorsión significativa en la cadena de suministro de combustibles. Según el especialista, se están aplicando "impuestos sobre impuestos" a través de las Leyes 112-00 y 495-06, sumados a diversos cargos que generan un sobreprecio superior a los 100 pesos dominicanos por galón de gasolina y más de 55 pesos en el caso del diésel.
En este sentido, Moreno San Juan desmiente la existencia de subsidios en los combustibles de consumo masivo en el país, argumentando que un subsidio real implicaría vender el producto por debajo del Precio de Paridad de Importación (PPI), algo que afirma jamás haya ocurrido. Para el autor, hablar de subsidios en este sector es una "ofensa al consumidor", ya que lo que realmente existe es un sacrificio fiscal debido a impuestos excesivamente altos.
El análisis destaca una anomalía en el mercado local: la República Dominicana es uno de los pocos países donde el diésel es más económico que la gasolina. Esta situación es calificada como absurda, dado que el diésel posee un mayor poder calorífico y un peso superior por galón, recordando que el consumidor adquiere energía y no simplemente volumen. Asimismo, se señala que en el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), existen cargos en el PPI que ya han cumplido su función y deberían ser eliminados, además de que no se compensa la pérdida de peso por temperatura, a diferencia de lo que ocurre con los combustibles líquidos bajo la norma MIC 201-14.
Otro punto crítico es la falta de competencia en la importación de combustibles. El experto indica que el PPI se fija basándose en compras 100% "spot", omitiendo los descuentos que suelen incluirse en los precios bajo contrato. Se argumenta que si se licitaran los permisos de importación, parte de esos descuentos reducirían el PPI, beneficiando al consumidor final. Actualmente, los importadores no compiten entre sí, lo que permite mantener ganancias elevadas sustentadas en la metodología de fijación de precios.
Por otro lado, el sector eléctrico presenta una realidad distinta donde sí existen subsidios, aunque estos se vean afectados por un Precio Medio de Compra (PMC) inusualmente alto. Este costo es el resultado de la falta de licitaciones entre generadores, una práctica que rara vez ocurre en el mercado eléctrico dominicano. Desde el año 2000, el IEUASD ha documentado un sobreprecio aproximado de 3 centavos de dólar por kilovatio hora en el PMC de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs).
Esta situación deja a las EDEs sin margen operativo para expandir sus redes, ya que el Valor Agregado de Distribución (VAD) es insuficiente. Se estima que se requerirían entre 4 y 5 centavos de dólar por kWh sobre el PMC para operar adecuadamente, pero en la realidad este margen es casi inexistente o negativo. Un ejemplo crítico ocurrió en abril de 2026, cuando EDENORTE vendió energía a 0.5 centavos de dólar por kWh por debajo de su PMC, evidenciando que las distribuidoras pierden dinero por cada unidad de energía entregada.
Para solventar esta crisis, Moreno San Juan propone una reforma profunda en la tarifa de Baja Tensión Simple (BTS) para consumos menores a 300 kWh mensuales, donde se concentra la mayor cantidad de fraudes por falta de medidores. La propuesta incluye tres ejes: establecer una tarifa técnica única para consumos superiores a 301 kWh, implementar un subsidio directo (Bonoluz) para hogares en pobreza con consumos menores a 100 kWh, y crear un subsidio cruzado para el segmento de 201 a 300 kWh financiado por quienes consumen más de 301 kWh.
Finalmente, el experto advierte que cualquier incremento desmedido en la tarifa para los clientes de más de 301 kWh podría provocar una migración masiva hacia la Generación Distribuida. Este grupo, aunque representa solo el 20.6% de los usuarios, consume el 34% de la energía y es el sector que mejor cumple con los pagos. El análisis concluye que, sin insumos energéticos a precios competitivos, la República Dominicana difícilmente podrá superar la trampa de ser una nación de ingreso medio.
