El análisis de los procesos de cambio social suele verse empañado por una visión romántica, impulsada en gran medida por la narrativa de la industria del entretenimiento. Hollywood ha proyectado una imagen de la revolución donde la caída de un tirano, acompañada de música épica y discursos apasionados, representa el final feliz. Sin embargo, la realidad histórica demuestra que el verdadero desafío comienza cuando aparecen los créditos y la sociedad debe reconstruirse sobre las cenizas del orden anterior.
La historia ofrece ejemplos severos sobre los peligros de confundir la voluntad popular con la tiranía de la turba. Tras la Revolución Francesa, el periodo liderado por Robespierre y los jacobinos terminó justificando la ejecución masiva de personas bajo la premisa de que era una “virtud” necesaria para salvaguardar la república. De manera similar, tras la caída del zar en Rusia, Lenin recurrió a la fuerza para disolver la Asamblea Constituyente luego de que los bolcheviques perdieran las elecciones, reprimiendo posteriormente las protestas en Petrogrado.
Esta tendencia hacia el radicalismo destructivo se ha repetido en diversos contextos globales. La Revolución China derivó en millones de muertes por hambre, mientras que la Revolución Iraní terminó eliminando a gran parte de quienes habían sido sus aliados originales. En un caso aún más extremo, el régimen de Pol Pot en Camboya provocó el fallecimiento de una cuarta parte de la población del país. Estas experiencias subrayan que, cuando el disenso es etiquetado como traición y las instituciones son reemplazadas por la coerción, el adversario político deja de ser un opositor para convertirse en el vecino.
En el contexto actual de Panamá, este debate sobre la madurez institucional y el riesgo del radicalismo se manifiesta con claridad en la controversia sobre la reapertura de la mina. Es fundamental reconocer que las protestas sociales de 2023 fueron legítimas, pues surgieron como respuesta a un gobierno que no rindió cuentas y a un contrato que no superó las pruebas institucionales básicas. No obstante, el análisis crítico revela que dicho conflicto fue aprovechado por diversos actores políticos, quienes utilizaron la movilización social como una plataforma para ganar visibilidad, pero sin proponer soluciones viables para la etapa posterior a las protestas.
Las consecuencias de este escenario han tenido un impacto económico tangible y significativo para la nación. Basándose en datos citados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el cese de operaciones mineras ha provocado que el país deje de percibir cientos de millones de balboas en ingresos fiscales y aportes destinados a la Caja de Seguro Social. A este impacto macroeconómico se suma una fuerte caída en la actividad económica de los proveedores y una pérdida de empleos indirectos. Detrás de estas estadísticas se encuentran familias, pequeñas empresas y comunidades enteras que aún no reciben respuestas concretas a su situación económica.
Desde el punto de vista jurídico, la Corte Suprema de Justicia intervino en el conflicto al declarar la inconstitucionalidad del contrato. Sin embargo, es imperativo realizar una distinción técnica y legal: la resolución judicial se centró específicamente en el contrato, no en la actividad minera como tal. Por lo tanto, la discusión nacional no debería limitarse a un dilema binario de “sí” o “no”, sino enfocarse en la creación de un marco jurídico e institucional sólido. El objetivo debe ser garantizar la transparencia, una fiscalización rigurosa, el cumplimiento estricto de la ley y beneficios reales para el Estado.
Existe una coincidencia necesaria en los reclamos sociales: quienes señalan que los beneficios no llegaron adecuadamente a las comunidades impactadas tienen razón, al igual que quienes exigen controles ambientales más estrictos. No obstante, reconocer estas fallas no debe conducir a la parálisis total del país, sino a la resolución de los problemas. El reto actual consiste en diseñar reglas claras que permitan aprovechar los recursos nacionales sin repetir los errores del pasado, asegurando que las poblaciones afectadas sean las primeras beneficiadas.
En conclusión, el radicalismo que se limita a destruir no representa una postura valiente ni constituye una herramienta eficaz para generar cambios positivos; por el contrario, es una garantía de retroceso. Las transformaciones que perduran en el tiempo son aquellas que se construyen mediante el fortalecimiento de las instituciones, el respeto a las reglas establecidas y la búsqueda de consensos constructivos y prudentes. Como nación, la pregunta fundamental no es si se desea el cambio, sino si se posee la madurez necesaria para construirlo en lugar de limitarse a exigirlo a través de la pasión destructiva.
