La exministra del Interior, Carolina Tohá, entregó detalles críticos sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno al ingreso de cientos de niños y adolescentes haitianos al territorio nacional, quienes arribaron bajo la modalidad de procesos de reunificación familiar. En una entrevista concedida al programa Estado Nacional de TVN, la exsecretaria de Estado se refirió a las sospechas que surgieron durante la gestión del gobierno anterior, las cuales apuntaban a una posible participación de funcionarios del consulado chileno en Puerto Príncipe en la organización de vuelos irregulares.
El contexto de estas declaraciones se enmarca en la revisión de un preinforme emitido por la Contraloría General de la República. Dicho documento detectó falencias significativas en los controles migratorios, así como una deficiente coordinación entre los diversos organismos públicos encargados de gestionar el arribo de los menores haitianos al país.
Según la explicación detallada por Tohá, el procedimiento original establecía que el consulado chileno en Haití fuera la entidad responsable de validar y apostillar la documentación emitida por las autoridades locales. No obstante, debido a que la sede diplomática dejó de operar durante un periodo, se implementó un sistema alternativo: se determinó que los menores viajaran portando sus documentos haitianos, delegando la verificación de los antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones una vez que llegaran al país.
La situación comenzó a generar alertas cuando se procedió a la reapertura del consulado chileno en Haití, tras haber permanecido cerrado durante un año. Fue en este punto donde se detectaron señales anómalas. La exministra señaló que, durante el año 2025, se observó un incremento en el número de vuelos y la aparición de trayectos considerados sospechosos. Esta situación llevó a identificar la posibilidad de que algún integrante del consulado estuviese colaborando activamente con organizaciones dedicadas a la gestión de vuelos irregulares.
Ante este escenario, Tohá informó que se tomó la decisión de suspender nuevamente la entrega de visas hasta que los hechos pudieran aclararse plenamente, medida que, según indicó, se mantiene vigente hasta la fecha. La exautoridad recordó que el cierre previo del consulado estuvo directamente relacionado con las irregularidades detectadas en la tramitación de visas de reunificación familiar durante la gestión de Rafael du Monceau. El entonces cónsul fue removido de su cargo en octubre del año pasado, luego de que se activaran las primeras alertas.
Otro de los problemas operativos identificados fue la irregularidad en la documentación al momento del ingreso. Tohá explicó que parte de los papeles llegaban vencidos o incompletos, debido a que el tiempo transcurrido entre la concesión de la visa y la organización logística de los vuelos chárter provocaba que los documentos perdieran su vigencia.
En cuanto a las indagatorias actuales, la exministra planteó una de las interrogantes más preocupantes: el paradero de los menores que aún no han podido ser ubicados. Tohá señaló que es imperativo determinar si la falta de localización de estos niños responde simplemente a registros de domicilio desactualizados o si, por el contrario, fueron víctimas de delitos adicionales tras su ingreso al país.
Respecto a la gestión gubernamental, la exministra defendió las acciones adoptadas por la administración de Gabriel Boric una vez que salieron a la luz las irregularidades. Aseguró que, desde que se tuvo conocimiento de los puntos críticos, el gobierno implementó una serie de medidas que incluyeron investigaciones exhaustivas, la regularización de procesos y la asignación de tareas específicas a diversas instituciones.
Finalmente, Carolina Tohá confirmó que estaba al tanto de la denuncia interpuesta en 2023 por Luis Thayer, quien se desempeñaba en ese momento como director del Servicio Nacional de Migraciones. Dicha denuncia apuntaba a un eventual caso de tráfico de personas vinculado a los vuelos mencionados. La exministra concluyó que las alarmas se intensificaron drásticamente cuando se impidió el ingreso de un grupo de menores debido a problemas documentales, obligándolos a retornar a Haití, hecho que evidenció la gravedad de la situación.
