El Gobierno nacional confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná, conocida habitualmente como la Hidrovía, marcando así la privatización más grande y estratégica de la gestión de Javier Milei. La concesión, que tendrá una vigencia de 25 años, fue otorgada a la empresa belga Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus.
La decisión quedó formalizada a través de la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), documento que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. Con este paso, el Ejecutivo cierra un proceso que se extendió por más de un año y medio para transferir la gestión de una de las rutas logísticas más críticas del país.
Uno de los puntos centrales de la adjudicación es la modificación de las tarifas de peaje. Inicialmente, se aplicará una baja del 13,5%, reduciendo el costo actual de 4,30 dólares por tonelada de registro neto a 3,80 dólares. Esta tarifa se mantendrá vigente hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Posteriormente, el valor ascenderá a 4,65 dólares, para finalmente alcanzar los 5,78 dólares.
El proceso de selección llegó a una instancia compleja debido a un empate en las propuestas económicas, ya que los dos competidores principales ofertaron el precio mínimo establecido en el pliego. Ante este escenario, el Gobierno se inclinó por la alianza conformada por Jan de Nul y Servimagnus basándose en la oferta técnica. La administración calificó la propuesta de la firma belga como superior debido a su experiencia previa en los trabajos sobre la Hidrovía. Cabe destacar que Jan de Nul ya había tenido a su cargo la concesión por 25 años entre 1996 y 2021, y desde entonces había mantenido un contrato provisorio mientras el Estado administraba la vía.
La importancia de la Hidrovía es fundamental para la economía argentina, ya que concentra el mayor movimiento productivo y portuario del país. A lo largo de su trayecto se encuentran ubicadas cerca de 60 terminales portuarias y por esta ruta circula aproximadamente el 80% de las exportaciones nacionales.
Sin embargo, el camino hacia esta privatización no estuvo exento de dificultades. Una primera licitación, llevada a cabo entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó debido a denuncias de presunta corrupción y direccionamiento presentadas por el PRO y la Coalición Cívica. En aquel momento, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía anticorrupción, emitió un dictamen negativo y el proceso contó con un único oferente, la empresa DEME.
En esta segunda instancia, el proceso contó con un respaldo más amplio, especialmente por parte de las provincias y los usuarios de la Hidrovía, principalmente los exportadores. A pesar de haber enfrentado presiones diplomáticas, lobby y una denuncia de la empresa brasileña DTA Engenharia sobre un posible direccionamiento —la cual no prosperó—, el Gobierno indicó que no hubo impugnaciones formales por parte de DEME, el otro competidor que permanecía en la contienda.
Desde el punto de vista financiero, el dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal representan un negocio estimado en 15.000 millones de dólares. Según el Ministerio de Economía, la firma del contrato, prevista para realizarse en un plazo máximo de 30 días, activará la rebaja de costos logísticos y servirá como inicio para una modernización de la infraestructura. El organismo señaló que esto permitirá la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico, calificando el hecho como "histórico para el sector privado del país".
En términos operativos, el Ministerio de Economía detalló que las obras previstas permitirán que los buques completen su carga en los puertos de origen, lo que generaría ahorros y expandiría la frontera productiva, impactando directamente en la competitividad de los sectores industriales y productivos al disminuir los costos logísticos globales.
Con esta medida, finaliza la etapa de gestión pública de la Hidrovía. El Estado argentino conservará el rol de autoridad de control, pero ya no tendrá una intervención directa en la operación.
Respecto a la rentabilidad, los cálculos oficiales indican que Jan de Nul tardará unos 7 años en comenzar a percibir ganancias y aproximadamente 13 años en recuperar sus inversiones (alcanzando un flujo de caja libre acumulado positivo). Esto se debe a que la empresa deberá invertir entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de licencia. En cuanto a los ingresos por peajes, se estima que inicialmente generarán 289 millones de dólares, ascendiendo a 389 millones en el sexto año y llegando finalmente a los 517 millones de dólares.
