El Gobierno de Estados Unidos ha manifestado formalmente su respaldo al inicio de un proceso de diálogo entre representantes del oficialismo venezolano y los integrantes de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental el establecimiento de una hoja de ruta que permita avanzar hacia una transición democrática en el país, poniendo el foco principal en la reconstrucción de las instituciones estatales y la organización de un proceso político que sea abierto y transparente.
A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su bienvenida a la reciente reunión sostenida entre Jorge Rodríguez, quien se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional de 2026, y Dinorah Figuera, quien preside la Asamblea Nacional elegida en 2015. En este encuentro, ambos representantes actuaron como interlocutores para acordar una agenda conjunta que sirva de cimiento y base para las negociaciones que se desarrollen en el futuro cercano.
Según la información proporcionada por el gobierno estadounidense, la agenda de trabajo establecida entre las partes contempla una serie de prioridades críticas para la estabilidad del país. Entre estos puntos destacan la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento operativo y normativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el restablecimiento de garantías reales para la participación política de todos los sectores. Asimismo, se enfatizó la necesidad de proteger las libertades civiles, elemento que se considera indispensable para sostener un debate político abierto y plural.
De manera paralela, el Parlamento venezolano, actualmente controlado por el chavismo, informó sobre los resultados de dicha reunión celebrada en la ciudad de Caracas. De acuerdo con el reporte oficial del legislativo, tanto Rodríguez como Figuera acordaron la creación de una “mesa técnica y política paritaria”. Este organismo tendrá la tarea de desarrollar una agenda y cronogramas concretos, orientados específicamente al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz nacional y la búsqueda de acuerdos que definan el futuro político de la nación venezolana.
La participación de Dinorah Figuera ha sido un elemento central en este acercamiento. La opositora, que encabeza la instancia parlamentaria que reivindica la continuidad y legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó a Venezuela precisamente para participar en estos encuentros. Figuera aseguró que sus esfuerzos actuales están centrados en la elaboración de una agenda que garantice plenamente las libertades políticas y de expresión en el territorio venezolano.
La representante opositora sostuvo que su retorno al país es el resultado de diversas gestiones relacionadas con el proceso de transición que está siendo impulsado y cuenta con el respaldo de la comunidad internacional. Esta acción marca un punto de contacto directo en un contexto de alta tensión política.
Para comprender el alcance de este diálogo, es necesario remitirse al contexto institucional del país. La Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo mantienen una disputa institucional prolongada que se originó cuando la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de aquel año. Este escenario generó un conflicto de poderes que ha marcado la política venezolana durante los últimos años.
Si bien el oficialismo recuperó el control formal del Poder Legislativo tras la celebración de los comicios de 2020, un sector de la oposición ha continuado operando a través de una estructura parlamentaria paralela. Dicha estructura ha mantenido su operatividad gracias al apoyo sostenido de Estados Unidos y otros aliados internacionales, quienes han reconocido la legitimidad de la composición parlamentaria original de 2015.
En resumen, el respaldo de Estados Unidos a este diálogo busca que la mesa técnica y política paritaria logre concretar los objetivos de reconstrucción institucional y garantías democráticas, permitiendo que el proceso de transición se desarrolle bajo un marco de libertades civiles y participación política abierta, cerrando así una brecha institucional que persiste desde hace casi una década.
