El Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto una nueva medida de asistencia financiera destinada a diversas provincias gobernadas por aliados políticos. A través de la publicación del Decreto 474/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó formalmente al Ministerio de Economía a ampliar los anticipos financieros de la coparticipación para la provincia de Entre Ríos, además de conceder adelantos similares a las jurisdicciones de Jujuy y Santa Fe.
Según se detalla en el texto del decreto, esta decisión se fundamenta en que las tres provincias mencionadas atraviesan actualmente "dificultades financieras transitorias". Estas complicaciones budgetaryarias les impedirían atender compromisos urgentes, específicamente aquellos vinculados con la ejecución de sus respectivos presupuestos y la amortización de sus deudas.
En el caso particular de Entre Ríos, gobernada por el exministro Rogelio Frigerio, el decreto establece una ampliación de los fondos hasta alcanzar los 400.000 millones de pesos. Esta medida extiende un anticipo financiero que ya había sido otorgado previamente mediante el Decreto 922/2025. Aquella primera asistencia inicial había sido fijada en hasta 220.000 millones de pesos, monto que fue desembolsado en su totalidad durante el mes de enero del presente año. De acuerdo con fuentes cercanas a la gestión de Frigerio, la provincia ya ha procedido a devolver la mitad de dicho monto inicial.
Desde la administración provincial de Entre Ríos se brindaron precisiones adicionales sobre el flujo de fondos, explicando que el monto concreto que el Gobierno Nacional enviará será de 150.000 millones de pesos. Con este nuevo desembolso, la provincia alcanzará un total de 370.000 millones de pesos en concepto de adelantos financieros durante el transcurso del año 2026.
El auxilio financiero también se extiende a otros dos gobernadores radicales alineados con el gobierno central: Carlos Sadir, al frente de Jujuy, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe. Para cada una de estas dos provincias, el Ejecutivo ha autorizado anticipos financieros de hasta 400.000 millones de pesos. Una condición fundamental para todas las jurisdicciones beneficiadas es que los fondos deberán ser reintegrados íntegramente dentro del ejercicio fiscal 2026. El mecanismo de devolución se llevará a cabo mediante la retención directa de los fondos provenientes de la coparticipación.
Con la implementación de esta medida, el Ministerio de Economía vuelve a recurrir a la herramienta de anticipos de coparticipación para asistir a las gobernaciones que presentan problemas de caja. Este esquema se basa en un sistema de devolución garantizado a través de recursos automáticos: en la práctica, el Tesoro Nacional adelanta la liquidez necesaria y asegura el repago mediante descuentos programados sobre la masa coparticipable futura de cada provincia.
La responsabilidad de determinar el monto final a desembolsar a cada una de las provincias recaerá sobre la Secretaría de Hacienda. Este organismo evaluará la capacidad de repago de cada jurisdicción y su participación proporcional en la recaudación de los tributos nacionales. Asimismo, la Secretaría de Hacienda quedará facultada para definir las condiciones específicas del desembolso, las modalidades de cancelación y los acuerdos particulares que se suscriban con cada jurisdicción.
En cuanto a los costos financieros, los anticipos devengarán intereses calculados sobre la base de una tasa fija nominal anual del 15%. La cancelación de estas sumas se realizará afectando la participación que cada provincia recibe por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, así como otros recursos coparticipables que no tengan un destino específico asignado.
Para poder acceder efectivamente a los fondos, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe deberán otorgar una autorización formal a la Secretaría de Hacienda. Esta autorización permitirá al organismo nacional retener automáticamente los recursos correspondientes hasta cubrir la totalidad del capital anticipado, sumado a los intereses generados.
Finalmente, en los considerandos del decreto, el Gobierno hizo referencia al Decreto 219/2026, mediante el cual se había establecido un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos para cualquier provincia que lo hubiera solicitado formalmente. Bajo este marco legal, la Casa Rosada argumentó que la nueva disposición busca "ajustar en equidad a todas las jurisdicciones", lo que justificó la ampliación del monto para Entre Ríos y la incorporación de Jujuy y Santa Fe al esquema de asistencia.
