La Embajada de Colombia en Washington ha iniciado gestiones diplomáticas formales ante el Gobierno de Estados Unidos para obtener información detallada sobre la captura de Franklin Humberto Coral Garrido, reconocido públicamente como "Beto Coral". La detención del ciudadano colombiano se produjo el pasado 16 de junio de 2026 en la ciudad de Phoenix, Arizona, bajo el procedimiento de oficiales pertenecientes a Homeland Security Investigations (HSI).
A través de una comunicación oficial, la misión diplomática colombiana dirigió una solicitud al Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, así como al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En dicho documento, la Embajada solicitó conocer los fundamentos legales de la medida adoptada y las circunstancias precisas que rodearon el procedimiento adelantado contra Coral Garrido.
En la misiva, fechada el 17 de junio de 2026, la representación diplomática señaló que el ciudadano colombiano permanecía bajo custodia. Asimismo, mencionó que, según declaraciones iniciales que el propio Coral Garrido brindó a un medio de comunicación de Colombia, los agentes responsables de su detención le habrían informado sobre la probabilidad de ser trasladado al Centro Correccional de Central Arizona Florence.
Un punto crítico en la gestión diplomática ha sido la reacción de la Embajada ante las declaraciones públicas del senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno. El legislador publicó un mensaje en la red social X el 17 de junio, pocas horas después de que se hiciera pública la captura del activista, en el cual cuestionó la situación migratoria de Coral y su permanencia en el país bajo la figura de asilo político.
La Embajada de la República de Colombia manifestó su preocupación en el documento oficial, indicando que las palabras del senador parecían sugerir que la detención de Coral Garrido había sido impulsada por motivaciones políticas. En su publicación, Bernie Moreno señaló directamente al detenido, afirmando: “No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!”.
Para contextualizar la acusación del senador, el texto hace referencia a la definición del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre lo que constituye un “agente de un principal extranjero”. Según este organismo, se trata de cualquier persona que actúe bajo la dirección, representación o control de un gobierno, individuo o entidad extranjera para desarrollar actividades en territorio estadounidense. Estas actividades incluyen labores de relaciones públicas, consultoría política, administración de recursos económicos, representación de intereses extranjeros ante organismos gubernamentales o acciones destinadas a influir en la opinión pública y en funcionarios sobre asuntos de política interna o exterior.
En paralelo a la solicitud de información, la embajada colombiana hizo hincapié en la necesidad de que se respete el debido proceso. La misión diplomática solicitó que, en cumplimiento de las leyes federales y estatales internas de Estados Unidos, así como de las obligaciones internacionales, se le otorguen a Coral Garrido todas las garantías procesales y sustantivas. De manera específica, se pidió asegurar el acceso a la asistencia consular, basándose en lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.
Mientras se adelantaban estas gestiones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la situación. El organismo informó que la detención de Coral fue ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), basándose en que el ciudadano colombiano excedió el tiempo de permanencia autorizado por su visa.
Según los registros del DHS, Franklin Humberto Coral Garrido ingresó a los Estados Unidos en diciembre de 2015 portando una visa B1/B2, la cual le permitía una estancia legal de seis meses. No obstante, la entidad afirmó que el implicado permaneció en el país durante 10 años más allá del periodo permitido, violando así las leyes migratorias de la nación.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Coral continuará bajo custodia mientras se llevan a cabo los procedimientos migratorios correspondientes. Al mismo tiempo, el organismo aprovechó la declaración para reiterar su postura frente a la migración irregular, instando a quienes se encuentren en esa condición a gestionar su salida voluntaria a través de la aplicación CBP Home.
Como parte de esta estrategia, el DHS informó sobre la existencia de un programa de incentivos económicos para quienes opten por abandonar el país voluntariamente. La oferta consiste en un vuelo gratuito y la suma de 2.600 dólares para quienes se "autoexpulsen", con el fin de preservar la posibilidad de regresar a Estados Unidos en el futuro mediante los canales legales. El comunicado finalizó con una advertencia tajante: quienes decidan permanecer en el país sin un estatus migratorio regular serán arrestados y deportados sin posibilidad de retorno.
