La situación de conflictividad social en Bolivia ha alcanzado un punto crítico tras 48 días de protestas y más de 40 días de bloqueos en diversos puntos del país. Ante este escenario, tanto la Iglesia Católica como la Defensoría del Pueblo han emitido pronunciamientos independientes en los que abogan por una salida concertada y el establecimiento de un diálogo efectivo entre el Gobierno y los sectores en conflicto para restablecer la paz social.
La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, resaltó la importancia de la apertura de espacios de diálogo en el contexto actual. El organismo señaló que este acercamiento representa una oportunidad fundamental para encaminar la resolución de los conflictos de manera pacífica, poniendo como prioridad el entendimiento, la concertación y, fundamentalmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos.
En su exhortación, la Defensoría hizo énfasis en que estos espacios de conversación no deben ser meros formalismos, sino que deben desarrollarse de manera efectiva y con una voluntad real de construcción de acuerdos que sean sostenibles en el tiempo. El objetivo primordial, según la institución, es lograr la pacificación social y el restablecimiento de las condiciones básicas que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales. Entre los derechos urgentes de recuperar, la entidad destacó el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el trabajo y la libre transitabilidad.
Como parte de sus acciones de monitoreo en el terreno, la Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo verificaciones en el sector de Turco Cala, donde se ha evaluado la transitabilidad de las vías y se ha trabajado en la identificación de las personas perjudicadas por las medidas de presión, subrayando la necesidad de liberar el flujo vehicular y peatonal para mitigar el impacto en la población.
Paralelamente, la Iglesia Católica también se ha pronunciado sobre la crisis, manifestando su esperanza en que el diálogo se materialice concretamente. La institución religiosa señaló que los más de 40 días de conflicto han generado un clima de sufrimiento, incertidumbre y graves dificultades para miles de familias en todo el territorio nacional. Para la Iglesia, el inicio de un diálogo genuino sería el primer paso necesario para que los bolivianos puedan reencontrarse bajo un espíritu de hermandad.
En su comunicado, la Iglesia Católica instó a todas las partes involucradas a actuar con un alto sentido de responsabilidad, apertura y voluntad de acuerdo. El llamado es claro: se debe priorizar el bien común y la defensa de la vida por encima de cualquier interés particular. Asimismo, subrayó que la paz social y el respeto a la dignidad de todas las personas deben ser los pilares que guíen cualquier negociación futura.
Este llamado a la conciliación ocurre en un marco de datos alarmantes reportados por la propia Defensoría del Pueblo, que ha contabilizado 14 personas fallecidas en medio de la conflictividad social. Esta cifra refleja el costo humano de las tensiones actuales y refuerza la urgencia de las demandas de los mediadores para detener la escalada de violencia.
A este panorama se suma el impacto en la imagen internacional y la estabilidad interna del país. Según datos recientes, Bolivia ha caído dos puestos en el Índice de Paz Global 2026, ubicándose ahora en la posición 92 a nivel mundial, lo que evidencia el deterioro de la seguridad y la armonía social.
Asimismo, se ha puesto de relieve que la crisis de los bloqueos no afecta a todos por igual, golpeando con mayor dureza a las mujeres. Se advierte que esta situación amenaza con dejar cicatrices duraderas en este sector de la población, exacerbando las vulnerabilidades ya existentes.
Mientras tanto, otros sectores sociales han comenzado a levantar bloqueos en diversos puntos, ya sea por cansancio o como parte de una pausa humanitaria, sugiriendo un diálogo que, no obstante, se mantiene condicionado. Simultáneamente, organizaciones como la COB se encuentran en procesos de definición interna sobre el futuro de sus protestas ante la exigencia de diálogo de una parte de sus afiliados.
