Costa Rica atraviesa un momento de alta tensión institucional debido al conflicto surgido entre la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. El punto central de la controversia es la devolución, por parte de la Corte Plena, de la lista de magistrados suplentes propuestos para la Sala Constitucional (Sala IV), luego de que el Congreso no lograra concretar los nombramientos correspondientes.
La crisis se ha intensificado tras la postura manifiesta de diversos sectores del oficialismo. El diputado y subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, quien anteriormente se desempeñó como jerarca del AyA, expresó un rechazo tajante a la imposición de la nómina sugerida por el Poder Judicial. Según Quesada, la Corte Plena no posee la facultad de obligar a la Asamblea Legislativa a nombrar a los candidatos que ella misma propuso. El legislador fundamentó su posición en un sentimiento de cambio social, asegurando que los costarricenses exigen transformaciones y que no hay deseo de mantener "a los mismos de siempre". En este sentido, Quesada subrayó que el deber de los diputados es atender el llamado de la ciudadanía.
Sin embargo, no existe una postura unificada dentro del oficialismo. Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano, presentó una justificación distinta para la negativa de su bancada. Acosta argumentó que la lista de candidatos remitida por la Corte Suprema de Justicia presentaba deficiencias técnicas, señalando específicamente que la nómina conocida anteriormente se encontraba incompleta. El legislador mencionó que existía un procedimiento donde hacían falta tres personas y que, tras abrirse el concurso, quedarían a la espera de lo que el Poder Judicial envíe. Acosta enfatizó que cualquier determinación legislativa deberá tomarse en el momento procesal oportuno, siguiendo el reglamento interno, una vez que la decisión de la Corte sea formal.
Por su parte, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, ha mantenido una postura más cautelosa. Tras sostener una reunión este martes con el magistrado presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre, Jiménez explicó que el cuerpo legislativo esperará la notificación formal para adoptar una posición oficial sobre el tema. La presidenta del Congreso afirmó que su objetivo es garantizar que el país cuente con un proceso natural de una justicia "pronta y cumplida", manteniendo la convicción de que las acciones deben ejecutarse según lo expuesto previamente.
La gravedad de la situación ha provocado la intervención de figuras prominentes de la historia política reciente del país. Ocho expresidentes de la República —Óscar Arias Sánchez, Abel Pacheco, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado— suscribieron una nota conjunta para manifestar su preocupación. En el documento, los exmandatarios advierten que la paralización del Tribunal Constitucional trasciende una simple diferencia de matices políticos, convirtiéndose en un hecho que pone en riesgo la protección de las libertades y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Los exjefes de Estado sentenciaron que la negativa a nombrar a los magistrados suplentes no es un hecho menor, pues sus consecuencias impactan la capacidad del tribunal para cumplir con la misión encomendada por la Constitución.
El origen técnico de esta crisis reside en la negativa de la fracción de gobierno en el Congreso a votar la lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia. Esta resistencia provocó que la Asamblea devolviera la nómina al Poder Judicial después de 11 rondas de votación fallidas. Dentro de la Corte, este proceder ha sido calificado como una "falta de voluntad" y se ha señalado que se trata de una situación sin precedentes técnicos.
Ante estas acusaciones, el magistrado presidente Orlando Aguirre defendió la integridad y el rigor del proceso de selección. Aguirre aseguró que la lista enviada cumple con todos los requisitos de idoneidad, basándose en investigaciones exhaustivas sobre la trayectoria profesional y los antecedentes académicos de los candidatos, además de respetar la proporcionalidad de género. Finalmente, el magistrado fue enfático al recordar que la Asamblea Legislativa debe cumplir con su mandato constitucional, citando el artículo 164 de la Constitución Política para reiterar que el Congreso es quien debe resolver lo que corresponda respecto a los nombramientos.
