La acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfrentó este martes un escenario complejo y un flanco crítico luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, emitiera declaraciones que relativizan el fundamento central del libelo. La acción constitucional, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, se basa primordialmente en supuestas deficiencias y errores en las proyecciones económicas realizadas durante la gestión de Grau, un argumento que ahora se encuentra bajo cuestionamiento desde la propia cartera de Hacienda.
Durante su jornada en el Congreso, el ministro Jorge Quiroz evitó pronunciarse sobre el fondo de la acusación, pero dejó una declaración que ha generado un fuerte impacto político y que la defensa del exministro seguramente utilizará a su favor. “Las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Si es un argumento de la defensa, que así sea”, afirmó Quiroz en los pasillos del edificio legislativo. Con estas palabras, el actual secretario de Estado marcó una distancia evidente respecto al eje argumental levantado por los diputados de los partidos Republicano y Nacional Libertario.
La relevancia de este pronunciamiento radica en que la acusación constitucional apunta directamente a las estimaciones fiscales efectuadas bajo el mando de Grau. Al afirmar que las proyecciones económicas no son exactas por naturaleza, Quiroz pone en duda que el hecho de que existan estimaciones que luego deban ser corregidas pueda ser considerado una infracción jurídica o administrativa lo suficientemente grave como para justificar una acusación constitucional.
Este giro en el discurso político coincidió temporalmente con una ofensiva legal por parte de la defensa de Nicolás Grau. El abogado Patricio Zapata compareció ante la comisión revisora para hacer entrega formal de la contestación al libelo. Se trata de un documento extenso, de 160 páginas, en el cual el constitucionalista interpone una cuestión previa con el objetivo de que la acusación sea desechada antes de que se proceda a discutir el fondo de los cargos imputados.
Según la tesis sostenida por Zapata, el escrito presentado por los parlamentarios acusadores no cumple con los estándares mínimos necesarios para prosperar en un proceso de esta naturaleza. El abogado argumentó que el libelo falla en establecer el vínculo jurídico indispensable entre los hechos narrados —en este caso, informes económicos y disposiciones legales— y una eventual infracción a las normas constitucionales o legales vigentes. Para la defensa, la clave del proceso reside en conectar esos dos puntos, algo que, a su juicio, los acusadores no lograron demostrar, limitándose a enumerar antecedentes sin configurar una responsabilidad constitucional clara.
Además de solicitar el rechazo del libelo, la defensa de Grau solicitó que sean citados a declarar diversas figuras clave para esclarecer los hechos. Entre los testigos solicitados se encuentran el propio ministro Jorge Quiroz, el actual director de Presupuestos, así como exautoridades de la cartera de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
La postura del ministro Quiroz no solo afectó la base de la acusación, sino que abrió un nuevo frente de debate político. Desde el sector oficialista se advirtió que, si se establece el criterio de que las proyecciones económicas erróneas son motivo suficiente para una acusación constitucional, dicho estándar podría aplicarse a cualquier ministro de Hacienda, incluido el actual.
En este sentido, el diputado Jorge Brito, perteneciente al Frente Amplio (FA), señaló que el propio jefe de Hacienda ha tenido que corregir sus estimaciones sobre ingresos públicos, inflación y déficit fiscal en diversas ocasiones. Brito fue tajante al advertir que “con la misma vara que juzgas, serás juzgado”. Por su parte, el parlamentario socialista Juan Santana coincidió en que no se puede avalar un precedente que permita la persecución constitucional de un ministro basándose únicamente en el comportamiento de las proyecciones económicas, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar otros antecedentes sobre la gestión de Quiroz.
Finalmente, el futuro de la acusación constitucional contra Nicolás Grau depende ahora de votos que aún no están definidos. Un actor decisivo en este escenario es el Partido de la Gente (PDG). La diputada Zandra Parisi indicó que no ha tomado una decisión personal y que la bancada resolverá una postura común en los próximos días. Aunque Parisi cuestionó que se dediquen semanas de debate a esta acusación en lugar de priorizar proyectos con impacto directo en la ciudadanía, aseguró que respetará la decisión colectiva de su partido, ya sea para aprobar, rechazar o abstenerse, lo que podría definir el destino final del libelo.
