El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, ha manifestado una postura categórica y definitiva respecto a las propuestas legislativas que afectan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En sus declaraciones más recientes, el directivo dejó claro que la organización que preside mantiene una línea institucional firme en contra de cualquier iniciativa que busque la privatización de dicha entidad estatal.
Según explicó Carlos Hernández, tras un análisis de los planteamientos actuales, ha podido constatar que en ninguno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley se encuentra contemplada la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El director de ASJ enfatizó que, al revisar los fundamentos del documento legal, no se evidencia una intención de transferir la propiedad de la empresa pública al sector privado, desmintiendo así posibles interpretaciones que sugieran un camino hacia la privatización en el texto actual.
A pesar de que el proyecto de ley no contenga argumentos a favor de la privatización, Hernández fue enfático al establecer el límite institucional de la Asociación para una Sociedad más Justa. El directivo subrayó que, independientemente de lo que se proponga en el futuro o de las presiones que puedan existir, la ASJ, como entidad, jamás brindará su apoyo a un proyecto de privatización de la ENEE. Esta declaración reafirma el compromiso de la organización con la permanencia de la empresa eléctrica bajo el control estatal, rechazando cualquier modelo de gestión que implique la venta o privatización de la misma.
No obstante, la postura de la ASJ no es de un rechazo absoluto a todas las reformas, sino que condiciona su apoyo a la implementación de cambios estructurales profundos en la administración de la empresa. Carlos Hernández señaló que la organización sí respalda y promovería medidas orientadas a la despolitización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Para la ASJ, el problema central no reside en la propiedad de la empresa, sino en la influencia política que ha permeado su gestión a lo largo del tiempo.
En este sentido, el director detalló que los pilares fundamentales que la ASJ considera esenciales para el funcionamiento de la ENEE son la despolitización, el orden, el control y la transparencia. Hernández argumentó que estos cuatro elementos son indispensables para que la empresa eléctrica pueda operar de manera eficiente y sirva realmente a los intereses de la ciudadanía. La implementación de un sistema basado en el orden administrativo y un control riguroso de los procesos es, según la organización, la única vía para rescatar la operatividad de la entidad.
Asimismo, la transparencia fue destacada como un punto crítico. El directivo de ASJ sugirió que la falta de claridad en los procesos y la ausencia de controles efectivos son fallas que deben ser corregidas urgentemente. En un análisis punzante sobre las resistencias a estas reformas, Carlos Hernández afirmó que la búsqueda de despolitización, orden, control y transparencia es precisamente lo que "no les beneficia" a ciertos sectores o grupos de interés.
Con estas declaraciones, el director de ASJ pone de relieve una distinción fundamental: mientras que la privatización es una opción descartada y rechazada por la organización, la reforma administrativa profunda es una necesidad imperativa. El mensaje de Hernández es claro al señalar que quienes se oponen a la transparencia y al control administrativo son aquellos que se ven perjudicados por la eliminación de la influencia política en la gestión de la energía eléctrica.
En conclusión, la Asociación para una Sociedad más Justa se posiciona como un observador crítico que, si bien no encuentra argumentos de privatización en el proyecto de ley actual, mantiene una vigilancia estricta para asegurar que el Estado no ceda el control de la ENEE. Al mismo tiempo, la ASJ impulsa una agenda de saneamiento institucional donde la meritocracia y la transparencia prevalezcan sobre los intereses políticos, asegurando que el orden y el control sean los ejes rectores de la empresa pública.
