El partido Morena se prepara para iniciar la selección de sus coordinadores estatales, un proceso que marca el arranque de la organización interna rumbo a las elecciones de 2027. En este contexto, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, ha detallado los mecanismos de control y los criterios de reputación que se aplicarán a los aspirantes, poniendo especial énfasis en la prevención de perfiles vinculados a actividades ilícitas.
Uno de los puntos más críticos de este proceso es la situación del senador Enrique Inzunza. La funcionaria explicó que existe un debate interno sobre la viabilidad de su perfil debido a acusaciones públicas que vinculan al legislador con el crimen organizado, particularmente señalamientos provenientes de Estados Unidos. Según Hernández, el senador atraviesa un periodo complicado en términos de su imagen pública, afirmando que "no es su mejor momento de reputación".
Este análisis surge ante la posibilidad de que Inzunza se registre formalmente para buscar la candidatura a la gubernatura de Sinaloa. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Elecciones aclaró que, si el senador decide manifestar su deseo de competir por dicho cargo, el Comité de Elecciones de Morena llevará a cabo una evaluación detallada de su caso. Para ello, el partido buscará contar con elementos objetivos que permitan determinar si las acusaciones que pesan sobre él cuentan con pruebas sólidas que afecten su reputación.
La situación de Enrique Inzunza es vista como un punto de fricción, ya que su estado actual "choca" con las nuevas normativas establecidas por el partido guinda para la elección de coordinadores estatales y los futuros candidatos al proceso electoral de 2027. La estrategia del partido se centra ahora en generar una organización más robusta en el territorio y seleccionar perfiles que garanticen la viabilidad del proyecto político.
Para evitar la infiltración de personas relacionadas con el crimen organizado, Morena implementará un sistema de "blindaje". Este proceso no solo se basará en evaluaciones internas, sino que el partido solicitará el apoyo de instituciones gubernamentales externas. Específicamente, se recurrirá a la Secretaría de Seguridad y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar que los aspirantes no tengan antecedentes o acusaciones relacionadas con delitos organizados.
En cuanto a la operatividad del proceso, la convocatoria para elegir a los coordinadores territoriales se publicará en las próximas horas. El periodo de registro estará abierto desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de junio. Citlalli Hernández precisó que los interesados podrán realizar su inscripción de manera virtual o presencial, facilitando así el acceso a los aspirantes en todo el país.
El método de selección será progresivo y riguroso. Una vez concluido el registro, el partido llevará a cabo encuestas telefónicas, que posteriormente serán complementadas con levantamientos casa por casa a mediados de julio. Estos instrumentos servirán para evaluar la aceptación y el perfil de los aspirantes en sus respectivas regiones.
Posteriormente, aquellos candidatos que resulten más competitivos en las primeras etapas serán sometidos a filtros finales mediante la asignación de tareas especiales. Estas responsabilidades incluirán la organización de asambleas y la difusión de los logros de la llamada "transformación". Finalmente, la Comisión Nacional de Elecciones realizará una última encuesta en viviendas para definir quiénes ocuparán las coordinaciones estatales.
Citlalli Hernández adelantó que se espera tener definidos a los coordinadores territoriales para finales del presente año. Aunque no proporcionó fechas exactas, subrayó que el proceso de evaluación será más riguroso que en ocasiones anteriores debido a la naturaleza de los filtros aplicados.
Para cerrar, la presidenta de la Comisión de Elecciones reconoció la complejidad de este reto, puntualizando que ningún partido político está exento de que puedan filtrarse personajes con presuntos vínculos con el crimen organizado, especialmente en territorios específicos, razón por la cual se han endurecido las medidas de verificación.
