El ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, presentó formalmente ante el Congreso Nacional (CN) la Ley de Transparencia y Registro Centralizado del Beneficiario. Esta iniciativa legislativa ha sido diseñada con el propósito fundamental de combatir la evasión y el fraude fiscal, prevenir el lavado de activos y fortalecer la transparencia en el sector empresarial de Honduras, alineando al país con los estándares internacionales en materia de prevención de delitos financieros.
Durante su intervención en el hemiciclo legislativo, el funcionario detalló que la implementación de esta ley es un paso estratégico en el contexto de las relaciones financieras internacionales de Honduras. Específicamente, Hércules recordó que el país se encuentra próximo a recibir el veredicto final del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la cuarta y quinta revisión. En este marco, el Gobierno espera poder cumplir con al menos siete de los medidores o indicadores que habían sido previstos para la nación, posicionando esta ley como una pieza clave para alcanzar dichos objetivos.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la identificación clara de los "beneficiarios finales". Según explicó el ministro, se define como beneficiario final a aquellas personas naturales que, de manera directa o indirecta, poseen o controlan una empresa o entidad. La ley pone especial énfasis en identificar a los individuos que ejercen una influencia significativa en la toma de decisiones dentro de las diferentes organizaciones que operan en el territorio hondureño, eliminando el anonimato que a menudo facilita actividades ilícitas.
En cuanto a los objetivos específicos de la normativa, Emilio Hércules subrayó que las metas son claras y directas. En primer lugar, la ley busca combatir frontalmente la evasión y el fraude fiscal, asegurando que las obligaciones tributarias sean asumidas por quienes realmente controlan el capital. En segundo lugar, se orienta a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cerrando brechas que puedan ser utilizadas para el movimiento de fondos de procedencia ilegal. Finalmente, el proyecto pretende fortalecer la transparencia empresarial, permitiendo que las autoridades identifiquen con precisión quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas.
Además de los beneficios internos, el ministro destacó que la iniciativa busca fortalecer la transparencia de Honduras a nivel internacional. Al adoptar estas medidas, el país demuestra su compromiso con el cumplimiento de los estándares globales de transparencia financiera, lo que mejora la imagen del sistema económico nacional frente a organismos multilaterales y socios comerciales.
Respecto al proceso legal y administrativo de la iniciativa, Hércules señaló que la Ley de Transparencia y Registro Centralizado del Beneficiario ya ha sido sometida a un proceso de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El alto tribunal ha emitido una opinión favorable sobre el proyecto, la cual ya ha sido remitida al Congreso Nacional para que los diputados puedan iniciar la discusión y el análisis correspondiente antes de su eventual aprobación.
Una vez que la ley sea aprobada por el Poder Legislativo, la responsabilidad de su puesta en marcha recaerá en la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Este organismo será el encargado de la implementación técnica y operativa de la normativa. Entre sus funciones principales estará el ejercicio de registrar y actualizar permanentemente la información de cada uno de los beneficiarios finales identificados.
Asimismo, la CNBS tendrá la tarea de supervisar que se declare quiénes ejercen el control efectivo de las diversas empresas que operan en Honduras. El ministro enfatizó que será responsabilidad de los sujetos obligados declarar información veraz y actualizada ante las autoridades competentes, asegurando así que la base de datos del Registro Centralizado sea una herramienta confiable para la fiscalización y la prevención de delitos financieros en el país.
