La Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de Gremios Pymes-Perú han elevado una exigencia formal al Congreso de la República para que se apruebe el proyecto de ley (PL) 536. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo central establecer que cualquier variación en las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sea una prerrogativa exclusiva del Parlamento, eliminando así la facultad del Poder Ejecutivo de modificar este tributo de manera directa mediante la emisión de decretos supremos.
La preocupación de los gremios radica en la falta de representatividad en la toma de decisiones tributarias. Al respecto, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, señaló que el Ejecutivo suele recurrir a la modificación del ISC cada vez que se busca incrementar los impuestos, precisamente porque este mecanismo no requiere la aprobación del Congreso. Choy enfatizó que, tras consultar con especialistas tributaristas, se ha determinado que todo lo relacionado con los impuestos debería ser debatido en el Legislativo, ya que son los contribuyentes quienes soportan directamente el impacto de estas medidas.
Desde la perspectiva de los comerciantes, el actual sistema de recaudación afecta gravemente la predictibilidad económica de las micro y pequeñas empresas (mype). Los gremios argumentan que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suele justificar las alzas unilaterales del ISC basándose en criterios de salud pública. No obstante, denuncian que los fondos recaudados bajo este pretexto no son destinados al fortalecimiento del sistema sanitario, sino que se integran al erario general para el financiamiento del aparato público. Debido a esto, insisten en que la aprobación del PL 536 debe darse prioritariamente en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.
El impacto comercial de estas reformas es inmediato y negativo para las operaciones diarias de los negocios de barrio. Andrés Choy explicó que el aumento de este impuesto provoca un incremento en los precios de los productos de mayor rotación. Este escenario genera un efecto dominó: el consumidor final reduce sus compras, lo que resulta en una menor recaudación para el fisco y abre un espacio que es rápidamente aprovechado por la economía informal. Según el dirigente, el contrabando crece a medida que el producto formal se encarece, beneficiando directamente a los negocios que no pagan impuestos.
A esta problemática se suman las críticas hacia otros mecanismos de fiscalización, específicamente la percepción del Impuesto General a las Ventas (IGV). Julio Surco, presidente de PYME Perú, detalló que el cobro anticipado de este tributo provoca que fondos líquidos queden inmovilizados temporalmente en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Para Surco, esta situación mermando el capital de trabajo de las empresas que operan en la formalidad, en lugar de lograr el objetivo de ampliar la base de contribuyentes. Si bien reconoció la necesidad del Estado de obtener mayores ingresos, planteó que la estrategia correcta debería ser la incorporación de la economía informal al sistema tributario, evitando incrementar la presión fiscal sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones.
Por su parte, Julio Pardavé, vicepresidente de la Asociación de Gremios Pymes-Perú, subrayó la vulnerabilidad del sector microempresarial, el cual representa el 95% de las 2.5 millones de unidades productivas del país. Pardavé criticó la gestión del Ejecutivo frente a la existencia de aproximadamente 8 millones de trabajadores informales, cuestionando la efectividad de los diversos ministerios y empleados públicos para combatir este fenómeno. Según el dirigente, el microempresario peruano se encuentra en una situación crítica donde el fracaso parece inevitable, agravado por la crisis de seguridad ciudadana y las extorsiones.
Finalmente, la delincuencia organizada se ha consolidado como la amenaza más grave para la permanencia de los comercios locales. Andrés Choy reveló una cifra alarmante: el 99% de sus agremiados, en un gremio que engloba a más de 535 mil bodegas a nivel nacional, admite haber sido víctima de bandas de extorsionadores. A pesar de que se han realizado denuncias policiales recurrentes, la situación persiste. Choy concluyó que existe un clima de temor generalizado que impide a muchos comerciantes expresarse por miedo a represalias o al incremento de los "cupos", lamentando que, aunque el gobierno se solidarice en reuniones, no se han implementado medidas efectivas que den resultados concretos en materia de seguridad.
