Walter Ayala, aliado estratégico del candidato presidencial de la organización política Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, ha interpuesto una demanda de amparo ante un juzgado constitucional del Poder Judicial. La acción legal está dirigida contra una resolución emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), centrándose específicamente en las normativas que regularon el ejercicio del voto de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior.
De acuerdo con el documento legal al que se tuvo acceso, el exministro Ayala ha solicitado formalmente que el Poder Judicial declare la nulidad e inaplicabilidad de la Resolución Jefatural N° 000090-2026UN/ONPE, fechada el 29 de mayo de 2026. Esta resolución es la pieza normativa que aprobó los denominados “Lineamientos para las Actividades Electorales en el Extranjero - Segunda Elección Presidencial 2026”. El argumento central de la demanda sostiene que dicha resolución fue emitida en flagrante violación del principio de intangibilidad electoral, un pilar fundamental que busca proteger los procesos electorales de modificaciones arbitrarias o extemporáneas.
La pretensión de Ayala Gonzales no se limita a la anulación de la norma, sino que extiende su pedido a la nulidad de pleno derecho de todo el procedimiento electoral que se llevó a cabo en el extranjero durante la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 7 de junio. Esta solicitud de nulidad integral abarca todas las etapas del proceso fuera del territorio nacional, incluyendo la instalación de las mesas de sufragio, el acto mismo del sufragio, el escrutinio y el posterior cómputo de los votos en cada una de las mesas instaladas en el exterior.
Asimismo, la demanda exige que se invaliden los procesos de transmisión, recepción, digitalización y publicación de los resultados provenientes de dichas mesas. En términos específicos, el demandante ha pedido que queden sin efecto jurídico todas las actas, tanto las observadas como las no observadas, correspondientes a los distritos electorales consulares de Estados Unidos y Argentina, además de cualquier otra circunscripción donde se hayan aplicado los lineamientos que ahora se impugnan.
Uno de los puntos más críticos de la demanda es la solicitud dirigida a que se ordene a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la exclusión total de los votos emitidos en el extranjero del cómputo general de la elección. Ayala argumenta que estos votos carecen de las garantías constitucionales necesarias, señalando deficiencias en materia de transparencia, fiscalización e inviolabilidad de la cadena de custodia. Según el exministro, estos vicios estructurales comprometen la legitimidad de los resultados obtenidos fuera del país.
En consecuencia, la propuesta presentada ante el juzgado constitucional busca que, al momento de proceder con la proclamación de los resultados finales de la segunda vuelta, se declare la nulidad exclusiva de la votación en el exterior. Para Ayala, la vulneración de la intangibilidad electoral y la ruptura de la cadena de custodia constituyen fallos graves que imposibilitan la validación de estos sufragios. Por lo tanto, propone que la proclamación del resultado final se realice basándose únicamente en los votos emitidos dentro del territorio nacional peruano.
Finalmente, el exministro, quien formó parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo entre 2021 y 2022, centró parte de su reclamo en irregularidades logísticas. Respecto al manejo de las valijas diplomáticas provenientes de Argentina y las demoras registradas en la recepción de actas desde Estados Unidos, Ayala planteó que dicha llegada extemporánea vulneró el derecho de defensa de las organizaciones políticas. Sostiene que este retraso hizo materialmente imposible que los partidos ejercieran de manera oportuna los recursos de nulidad previstos en la ley para ambos distritos electorales, afectando así el debido proceso electoral.
