Colombia se encamina hacia una decisión crucial este domingo, en el marco de un balotaje presidencial programado para el 21 de junio. El país se encuentra en una encrucijada donde los votantes deberán elegir entre dos modelos económicos diametralmente opuestos, mientras el Estado se enfrenta a la amenaza de una crisis fiscal creciente. La contienda electoral enfrenta al senador de tendencia izquierdista Iván Cepeda y al abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, representando visiones contrapuestas sobre el desarrollo, la justicia social y la gestión de los recursos naturales.
El escenario electoral está profundamente marcado por el balance del mandato de Gustavo Petro, quien concluye cuatro años de gestión. El primer mandatario de izquierda en la historia del país deja un legado dividido. Por un lado, cuenta con un respaldo significativo en los sectores populares gracias a políticas que priorizaron la inversión social y la transición energética. Entre los logros destacados se encuentran la reducción de los índices de pobreza, el fortalecimiento del sistema de educación pública, una disminución en las cifras de desempleo y un incremento récord en el salario mínimo, medidas que han impactado directamente en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, la administración de Petro no ha estado exenta de fuertes críticas. El gobierno es cuestionado por el incremento del gasto público y por una retórica que sectores empresariales consideran ofensiva. En el ámbito macroeconómico, la situación es preocupante: según datos de la CEPAL, Colombia registra actualmente el peor déficit fiscal de Latinoamérica, superado únicamente por Brasil. Esta fragilidad financiera coloca al país en una posición vulnerable y condiciona la viabilidad de los proyectos futuros.
El malestar del sector productivo se refleja en testimonios como el de Diego Soler, empresario del sector textil y dueño de American Tactical, firma dedicada a la importación y comercialización de equipamiento táctico. Soler califica la gestión de Petro como "antiempresa", señalando que las políticas arancelarias han perjudicado la competitividad. Según relata el empresario a la AFP, los aranceles en el caso de los textiles pasaron de un 15% a un 40%. Aunque su empresa logró sobrevivir al aumento del 23% del salario mínimo implementado el año pasado sin recurrir a despidos, Soler advierte que el negocio no logró crecer.
En contraste, existen ciudadanos que ven en el modelo de izquierda la única vía para el progreso. Laura Valverde, una contable de 34 años, es ejemplo de quienes se han beneficiado de las políticas actuales. Valverde destaca la importancia del aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el subsidio mensual que recibe para su hijo con discapacidad. Para ella, la posibilidad de un giro hacia la derecha representa un retroceso peligroso. "Me asusta cómo la gente apoya a una persona que, si en cuatro años avanzamos, quiere volver a retroceder", afirma la ciudadana, quien asegura que saldría a protestar ante cualquier eventual recorte en los beneficios sociales.
A pesar de que la ola de violencia que azota al país domina gran parte de la agenda pública, los expertos advierten que el verdadero desafío del próximo gobernante será de naturaleza económica. Ana Fernanda Maiguashica, economista y presidenta del Consejo Privado de Competitividad, sostiene que el deterioro fiscal es una realidad que pronto se hará sentir en la cotidianidad de la población. La advertencia es clara: la gente "va a sentir el deterioro" si no se toman medidas correctivas sobre el manejo de las finanzas públicas.
Ante este panorama, Iván Cepeda propone dar continuidad y profundidad a los programas impulsados por Petro. El senador sostiene que el gasto social debe permanecer en el núcleo de la política económica, especialmente en un país caracterizado por ser uno de los más desiguales del mundo. Su apuesta es profundizar los programas sociales, a pesar de las presiones fiscales.
No obstante, el desafío financiero es mayúsculo. El futuro presidente deberá gestionar el cierre de los déficits fiscales en un contexto de menores ingresos provenientes de los hidrocarburos. Esta caída en los ingresos es consecuencia directa de la apuesta del gobierno de Petro por dejar atrás los combustibles fósiles en favor de una transición energética.
En la orilla opuesta, Abelardo de la Espriella plantea una ruptura total con la política energética actual. El abogado de 47 años propone reactivar el sector extractivista como motor económico. "Hay que hacer fracking a lo que dé (…) Con eso cerramos el hueco fiscal", afirmó en una entrevista. De la Espriella sostiene que la vía para recuperar la economía es la reducción de impuestos para incentivar la inversión y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Su objetivo es elevar el crecimiento del PIB por encima del 2,6% registrado en 2025, buscando así un dinamismo económico basado en el libre mercado y la explotación de recursos naturales.
