El Gobierno de Bolivia, bajo la administración del presidente Rodrigo Paz, ha impedido el ingreso al territorio nacional de una delegación argentina que se autodenominó como la “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El objetivo de este grupo era realizar un relevamiento y certificar presuntas violaciones a los derechos humanos, específicamente denuncias relacionadas con la represión ocurrida durante las protestas sociales registradas en las últimas semanas en el país sudamericano.
Entre los integrantes de la comitiva que fueron retenidos y que se encuentran actualmente regresando a la República Argentina, se encuentra el diputado nacional Juan Marino. El legislador, quien originalmente perteneció al Partido Piquetero y actualmente integra la bancada kirchnerista, fue uno de los puntos centrales del conflicto migratorio. Según los reportes, Marino fue retenido a pesar de haber completado previamente los trámites migratorios correspondientes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
La situación ha generado un complejo y confuso cruce de versiones entre los integrantes de la delegación, el Gobierno boliviano y la Cancillería argentina. De manera sorprendente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, dependiente del gobierno de Javier Milei, emitió un comunicado oficial en el que no solo confirmó el episodio, sino que avaló la decisión tomada por las autoridades bolivianas de expulsar a los viajeros.
De acuerdo con el texto oficial de la Cancillería argentina, la delegación arribó a Bolivia con el “autodeclarado propósito” de llevar a cabo un relevamiento de los derechos humanos en dicho país, alegando que lo hacían a pedido de diputados bolivianos. El organismo diplomático señaló que las autoridades de Bolivia comunicaron que, durante los controles migratorios, se habrían verificado inconsistencias significativas entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades que la delegación había anunciado públicamente.
Asimismo, la Cancillería mencionó que existieron cuestiones vinculadas al incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana vigente. Basándose en estos elementos, y apelando al ejercicio de las facultades soberanas que posee todo Estado para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de su territorio, el gobierno de Rodrigo Paz decidió no admitir el ingreso de los integrantes del grupo. Cabe destacar que el comunicado oficial del Gobierno de Javier Milei no hizo mención alguna a la situación particular del diputado Juan Marino, ni se refirió a una posible retención de sus documentos personales.
Sin embargo, versiones contrastantes surgieron desde el ámbito legislativo argentino. El diputado nacional Germán Martínez utilizó la red social X para denunciar la situación de su par, Marino. Martínez afirmó que el diputado había viajado a Bolivia invitado formalmente para asistir a la Asamblea Plurinacional. Según su relato, Marino se encontraba retenido en el Aeropuerto de La Paz, a pesar de que ya había ingresado legalmente al país y había superado los controles migratorios iniciales en Santa Cruz de la Sierra. Ante esto, Martínez exigió que el diputado pudiera realizar las tareas para las cuales fue invitado y exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar su libertad e integridad física.
Por su parte, la agrupación Barrios de Pie emitió un comunicado detallando la experiencia de la “Misión Internacional de Veedores de Derechos Humanos”. Según esta organización, la delegación fue retenida por el personal de migraciones al llegar al aeropuerto internacional de La Paz. El propósito del viaje, reiteraron, era relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos derivadas de la represión y las detenciones efectuadas durante las manifestaciones recientes.
En esta línea, Martín Illanez, referente de Barrios de Pie y de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos, quien formaba parte de la misión, brindó testimonio sobre lo ocurrido. Illanez denunció que permanecieron retenidos durante varias horas sin recibir información clara sobre su situación jurídica. Aseguró que las autoridades migratorias retuvieron sus documentos personales y que se produjeron situaciones de tensión. Finalmente, afirmó que fueron obligados a abordar un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, lo que impidió de hecho que pudieran desarrollar las actividades de observación que tenían previstas en la ciudad de La Paz.
Desde Barrios de Pie concluyeron que la negativa del gobierno boliviano a permitir el ingreso y el posterior retorno forzado de la misión constituye una confirmación indirecta de las denuncias de represión que motivaron el viaje de la delegación argentina.
