Los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondientes a la segunda semana de junio, revelan un panorama complejo respecto a la percepción ciudadana sobre la administración gubernamental y un fuerte consenso sobre el manejo de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). El estudio pone de manifiesto una opinión pública dividida en lo político, pero notablemente inclinada hacia la responsabilidad financiera en el ámbito de los créditos estudiantiles.
En lo que respecta a la evaluación del Ejecutivo, el presidente José Antonio Kast registra un nivel de aprobación del 40%. Esta cifra representa un leve descenso de un punto porcentual en comparación con la medición anterior. Por otro lado, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 54%, lo que supone un incremento de un punto porcentual, consolidando una tendencia donde la mayoría de los encuestados evalúa negativamente el desempeño del mandatario.
Uno de los ejes centrales de la medición fue el debate sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), un tema que continúa generando controversia en la sociedad. Según los datos recogidos por Cadem, el 53% de los encuestados sostiene que aquellas personas que utilizaron este mecanismo de financiamiento y que actualmente mantienen saldos pendientes deberían pagar sus deudas. El argumento predominante detrás de esta postura es que los beneficiarios recibieron un apoyo estatal que debe ser restituido. En sentido contrario, un 43% de los participantes opina que estas obligaciones financieras deberían ser condonadas, ya sea de manera total o parcial.
La sensación de justicia distributiva aparece como un factor determinante en la opinión pública. El 64% de los encuestados considera que condonar el CAE sería una medida injusta para aquellos ciudadanos que ya cumplieron con el pago de sus créditos. Esta percepción sugiere que una parte considerable de la población valora el cumplimiento de los compromisos adquiridos y rechaza la idea de que se eliminen las deudas de quienes aún no han pagado.
El estudio también indagó sobre la influencia de promesas políticas previas en el comportamiento de los deudores. En este sentido, un 67% de los encuestados comparte la tesis de que la promesa de campaña realizada por el entonces candidato y posterior presidente Gabriel Boric habría influido en que muchas personas dejaran de pagar sus cuotas una vez que este asumió la Presidencia de la República. Este dato vincula la morosidad actual con las expectativas generadas por el discurso político anterior.
En cuanto a las medidas de cobranza, la encuesta detalla una postura diferenciada según el nivel de ingresos del deudor. Respecto a la controversia generada por los embargos a quienes no han pagado el crédito, el 54% de los encuestados respalda la medida. Específicamente, el 41% está en desacuerdo con que el Estado proceda al embargo de cuentas bancarias de personas que perciban ingresos superiores a los 3,5 millones de pesos mensuales, mientras que la mayoría sí apoya que se cobre a este grupo.
Cadem profundiza en este análisis al segmentar las soluciones propuestas según la capacidad económica. Existe un amplio respaldo, del 79%, a que se ofrezcan convenios de pago flexibles para aquellos deudores del CAE que ganan menos de 3,5 millones de pesos mensuales. Por el contrario, el 70% de los consultados está de acuerdo en que el cobro se realice a través de la vía judicial para aquellas personas que superen dicho monto de ingresos mensuales.
En resumen, los datos de la segunda semana de junio muestran una gestión presidencial con una aprobación que se mantiene en el 40% y una desaprobación del 54%. Simultáneamente, el país muestra una clara tendencia a favorecer el cobro de las deudas estudiantiles, especialmente para los sectores de mayores ingresos, mientras se propone flexibilidad para quienes tienen menores remuneraciones, todo ello bajo un marco de rechazo a la condonación general por considerarla injusta.
