La estabilidad de la democracia se encuentra intrínsecamente ligada a la existencia de un libre mercado, el cual es el resultado directo de una institucionalidad política y una seguridad jurídica sólidas. Estos elementos son fundamentales para garantizar principios básicos de justicia, igualdad y equidad, los cuales, a su vez, sirven de base para regular la relación entre el capital y la fuerza de trabajo, así como el vínculo entre los diversos sectores sociales y económicos con el Estado.
En este contexto, el mercado se define como el escenario principal donde convergen elementos críticos como el capital, la mano de obra, la tecnología, la producción, la comercialización y el consumo. La interacción de estas fuentes es considerada esencial para la generación de riqueza material, el crecimiento económico, el desarrollo y la consolidación de una gobernanza efectiva.
Se plantea que el capital y la fuerza de trabajo constituyen el sustento primordial de la democracia. Este régimen político no podría subsistir sin la prevalencia y coexistencia de la burguesía y los trabajadores. Es importante destacar que la definición de estos últimos se ha actualizado para incluir a los colaboradores, un término que engloba también a aquellas personas con capacidades técnicas relacionadas con la tecnología, reconociendo así la evolución de la mano de obra en la era moderna.
En cuanto al panorama nacional, la economía dominicana ha mostrado un avance significativo hacia un modelo basado en los servicios, destacándose sectores como el turismo, la banca, las zonas francas y los call centers. No obstante, el país mantiene vínculos fuertes con sus exportaciones tradicionales, referidas como la “economía del postre”, que comprende la producción de café, cacao, tabaco y azúcar.
Para que el capital y la fuerza de trabajo puedan afianzar un liderazgo económico, político y social, es imperativo que cuenten con el respaldo de una superestructura jurídico-política robusta. Esta debe estar sustentada en un Estado Social de Derecho y en una Constitución Política que actúe como garante de los principios de accesibilidad a los órganos jurisdiccionales en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
Sin embargo, surge una preocupación central respecto a la aparición de oligarquías. Se define la oligarquía como una forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, o bien como un grupo reducido de personas que posee una influencia desmedida en un sector económico, social o político determinado.
Actualmente, se observa que grupos económicos influyentes, que operan en diversos ámbitos como los servicios, la manufactura, la agropecuaria, el comercio, la importación, la exportación y la inversión, parecen estar desistiendo de participar en un mercado abierto y competitivo. En su lugar, estos grupos buscan adjudicarse privilegios mediante la interacción directa con el Estado o el ejercicio del poder, lo que representa un peligro significativo para la democracia y la gobernanza.
Esta tendencia indica que sectores de la burguesía, con aspiraciones oligárquicas, han comenzado a permear las instituciones partidarias. El objetivo de esta infiltración es sustituir el liderazgo político tradicional por directivos o CEO de sus propias empresas, a quienes pretenden postular en cargos de alta relevancia, tales como presidente, vicepresidente, diputados, senadores y alcaldes. Esta acción es señalada como una violación franca a los principios básicos de la democracia.
El riesgo final es contundente: si estos grupos minoritarios de la burguesía logran controlar o influir en estructuras sensibles del gobierno y del Estado, la democracia anhelada se convertiría en una quimera. Se advierte que este escenario ya ha ocurrido en gran parte de Latinoamérica, resultando en regiones plagadas de tiranías, inseguridad, corrupción, represión, miseria y profundas desigualdades.
