El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha adoptado una posición jurídica y comunicacional particular al asumirse como un evasor confeso. La controversia gira en torno a la existencia de fondos no declarados, generados entre los años 2014 y 2018, que el funcionario atribuye a inversiones en Bitcoin. Esta estrategia, aunque implica admitir la comisión de un delito fiscal, parece estar diseñada para mitigar riesgos legales mucho más severos que podrían comprometer su permanencia en el cargo y su libertad.
Desde una perspectiva social, la confesión de Adorni genera un fuerte contraste con la realidad de los contribuyentes argentinos. Mientras el funcionario admite haber evadido impuestos, miles de autónomos, monotributistas y pequeñas y medianas empresas (pymes) luchan diariamente para cumplir con los anticipos de Ganancias, las cuotas de recategorización y un esquema impositivo calificado como kafkiano. Para muchos ciudadanos, que un funcionario público reconozca haber operado al margen de la ley tributaria resulta un hecho difícil de justificar.
Sin embargo, analizando la maniobra desde la conveniencia técnica y la disminución de pérdidas, la estrategia de Adorni presenta puntos fuertes para su defensa. Si la Justicia acepta la validez de la información contenida en el denominado "pen drive misterioso", el Jefe de Gabinete podría evitar dos problemas críticos. En primer lugar, se alejaría de la posibilidad de ser condenado por enriquecimiento ilícito, un delito que lo situaría en el mismo plano judicial que figuras como María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime o José López.
En el plano técnico-impositivo, la confesión de haber operado con criptomonedas entre 2014 y 2018 libera a Adorni de la obligación de pagar el Impuesto a las Ganancias y sus respectivas multas por ese periodo. Esto se debe a que la sanción tributaria solo alcanza los últimos cinco ejercicios fiscales previos a la confesión (2020 a 2024). De haber tenido que pagar el 35% de impuestos más multas sobre su fortuna de 500.000 dólares, el funcionario habría perdido aproximadamente la mitad de su capital, dejando un saldo de 250.000 dólares que no cerraría con su declaración jurada actual.
Desde el punto de vista judicial, al centrar el origen de sus ganancias en su etapa como periodista, consultor y asesor privado, Adorni intenta demostrar que su fortuna fue construida antes de acceder a los cargos públicos. Si el juez considera válido que el dinero provino de inversiones cripto previas, se anularía la acusación de enriquecimiento ilícito. Este delito ocurre cuando un funcionario no puede justificar un incremento patrimonial apreciable durante el ejercicio de sus funciones, y conlleva penas de prisión de dos a seis años, multas del 50% al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la Justicia podría haber ordenado el decomiso de sus bienes, incluyendo su casa en un country, dos departamentos y sus vehículos.
El abogado Mauricio Dalessandro ha señalado que la mera existencia de un patrimonio elevado o bienes no declarados no implica automáticamente enriquecimiento ilícito. Para que exista una condena, la Justicia debe acreditar un incremento significativo durante la función pública que el funcionario no pueda justificar legalmente. Bajo esta tesis, el ahorro de dinero preexistente, aunque haya sido obtenido "en negro", no constituye enriquecimiento ilícito funcional. La evasión fiscal, si está prescripta o es regularizable, es un delito de segundo orden frente al robo al Estado.
En cuanto al costo financiero de esta regularización, Adorni deberá abonar al organismo recaudador (ARCA) el impuesto a los bienes personales y las multas correspondientes, lo que representa aproximadamente un 14% del total, unos 70.000 dólares. De este modo, conservaría limpios 430.000 dólares, monto suficiente para cubrir los honorarios de los abogados y contadores que diseñaron su declaración jurada y para que su situación contable sea coherente.
A pesar de la eficacia técnica de la estrategia, el costo político es evidente. La relación entre el Jefe de Gabinete y la sociedad ha quedado severamente dañada. Asimismo, queda pendiente observar cómo reaccionará el Poder Ejecutivo ante la presencia de un "evasor confeso" en una de las carteras más importantes del gobierno, en un contexto donde muchos evitan este tipo de perfiles como una mancha venenosa.
