En el marco del proceso electoral de la segunda vuelta, se ha producido un giro significativo en la estrategia legal y comunicacional del partido Juntos por el Perú (JP). Inicialmente, el candidato a la presidencia por dicha organización, Roberto Sánchez, generó sorpresa en el escenario político al proponer a su contrincante, Keiko Fujimori, la realización de un recuento general de los votos emitidos. Esta petición surgió tras la detección de una serie de presuntas irregularidades que, según el candidato, afectarían la transparencia de los resultados.
No obstante, la postura inicial del candidato Sánchez fue precisada en un plazo inferior a las 24 horas por el secretario general de la agrupación política, Ernesto Zunini. El dirigente salió al paso para brindar detalles fundamentales sobre la naturaleza de esta solicitud, aclarando que el objetivo de la organización no es un recuento total de los sufragios en todo el territorio nacional ni en el exterior, sino un procedimiento de carácter parcial.
Zunini explicó que la intención de Juntos por el Perú es impugnar una cantidad considerable de mesas de votación situadas en el extranjero. Esta acción se fundamenta en un informe emitido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo que ha observado una falla crítica en el proceso: la falta de digitalización de las actas en ciertos puntos de votación fuera del país, a pesar de que la normativa electoral vigente así lo exige.
El secretario general enfatizó la relevancia de este informe, destacando que la OEA actúa como un organismo externo y al margen del proceso electoral, lo que otorga una perspectiva neutral a sus observaciones. Según Zunini, la falta de digitalización de las actas generó una situación de incertidumbre o "nebulosa" durante el conteo de los votos en el extranjero, lo que convierte la duda de la organización política en una "duda legítima".
Para ilustrar la necesidad de este recuento parcial, el dirigente de JP realizó una analogía con las controversias internas del país. Zunini señaló que, así como existen dudas sobre los procesos ocurridos en la región de Puno, la organización política mantiene dudas similares sobre lo sucedido en los centros de votación ubicados en Estados Unidos y Argentina. En consecuencia, el pedido formal es que se proceda al recuento de los votos específicamente en dichas jurisdicciones, descartando la necesidad de reiniciar el conteo desde cero en todo el Perú y el resto del extranjero.
Desde la dirigencia de Juntos por el Perú se ha subrayado que estas peticiones de impugnación y recuento parcial no son ataques arbitrarios, sino el ejercicio del "legítimo derecho a la defensa". Zunini fue enfático al sentenciar que el partido está utilizando las herramientas legales que el propio sistema electoral pone a disposición de los contendientes para garantizar la transparencia y la correcta aplicación de la ley.
Sin embargo, el camino hacia estas impugnaciones ha encontrado obstáculos administrativos. De acuerdo con la información disponible, los Jurados Electorales Especiales rechazaron, en una primera instancia, los intentos de impugnación presentados por Juntos por el Perú. El motivo del rechazo no estuvo vinculado al fondo de las irregularidades denunciadas, sino a un incumplimiento procedimental: la falta de pago de las tasas electorales correspondientes a dichos trámites.
En resumen, la organización política Juntos por el Perú ha transitado de una propuesta de recuento general, planteada por Roberto Sánchez, a una estrategia de recuento parcial y puntual coordinada por Ernesto Zunini. El enfoque actual se centra en las irregularidades detectadas en el extranjero, respaldadas por el informe de la OEA sobre la digitalización de actas, mientras intentan solventar los inconvenientes administrativos ante los Jurados Electorales Especiales para hacer valer su derecho a la defensa.
