La Asamblea Legislativa de El Salvador ha puesto en marcha formalmente el proceso destinado a la elección de los magistrados que integrarán la Corte de Cuentas de la República (CCR). Esta acción se produce en vista de que los actuales funcionarios que presiden y conforman dicho ente contralor concluirán sus labores oficiales el próximo 27 de agosto de 2026.
El inicio de este procedimiento se concretó mediante una votación en la que 58 legisladores aprobaron la apertura de la convocatoria. El objetivo primordial de este llamado es atraer a profesionales interesados en participar en el proceso de selección para ocupar los cargos de los nuevos titulares de la institución. Cabe destacar que la Corte de Cuentas de la República es el ente contralor del Estado, cuya función fundamental es fiscalizar el manejo y la correcta aplicación de los recursos públicos.
Durante la sesión plenaria llevada a cabo esta semana, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó detalladamente sobre el mecanismo de participación. Castro señaló que podrán postularse todos aquellos aspirantes que cumplan estrictamente con los requisitos constitucionales y legales vigentes. Estos profesionales deberán someterse a las distintas etapas de selección establecidas para garantizar la idoneidad de quienes lleguen a ocupar los cargos.
En cuanto a la operatividad del proceso, se ha designado a la Comisión Política como la entidad responsable de desarrollar el procedimiento correspondiente. Esta comisión tendrá la tarea de gestionar las etapas previas, las cuales incluyen la realización de entrevistas exhaustivas a los candidatos postulados. Una vez finalizadas estas entrevistas, los perfiles de los aspirantes serán remitidos al pleno de la Asamblea Legislativa.
En la etapa final, cada fracción legislativa tendrá la oportunidad de proponer a sus candidatos basándose en los perfiles recibidos. No obstante, el texto fuente indica que, debido a la composición actual del legislativo, los nombramientos son impuestos por la fracción de Nuevas Ideas, al contar con la mayoría de los votos en el pleno.
Para los profesionales que deseen postularse, la Asamblea Legislativa ha establecido directrices claras para la entrega de documentación. Las solicitudes deberán presentarse físicamente en la Recepción de Correspondencia Oficial de la Asamblea Legislativa. Este trámite deberá realizarse exclusivamente en días hábiles, dentro del horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. El plazo límite para la recepción de los expedientes ha sido fijado para el próximo 26 de junio.
De acuerdo con los términos de la convocatoria, los aspirantes tienen la obligación de adjuntar su hoja de vida actualizada y toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales. Específicamente, se hace referencia a lo establecido en el artículo 198 de la Constitución de la República y en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.
Como parte de la verificación de probidad, los candidatos deberán presentar constancias emitidas por diversas instituciones del Estado. Entre los documentos obligatorios se encuentran las certificaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Centros Penales.
Finalmente, la convocatoria enfatiza que los aspirantes deben cumplir con los requisitos constitucionales básicos. Esto implica ser salvadoreños por nacimiento, tener una edad mínima de 30 años y poseer honradez y competencia notorias. Asimismo, es imperativo estar en el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía y haber ejercido dichos derechos durante los tres años previos a la fecha de la elección. Adicionalmente, los postulantes deberán acreditar su idoneidad, capacidad técnica y probidad, cualidades consideradas esenciales para el desempeño de las funciones de fiscalización de los recursos del Estado.
