El exgerente de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), José Luis Patiño, ha revelado detalles críticos sobre la situación financiera y operativa de la institución, centrando su análisis en la incorporación formal de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Blas al sistema de servicios brindados a la población. Según las declaraciones del exfuncionario, este proceso técnico y administrativo conllevará un ajuste inevitable en las tarifas de alcantarillado sanitario, el cual podría representar un incremento de hasta el 50% respecto al consumo de agua potable de los usuarios.
Patiño explicó que este ajuste no es una medida arbitraria, sino una consecuencia directa de la puesta en marcha y el sostenimiento de la infraestructura de tratamiento. En este sentido, recordó que la Planta de San Blas fue asumida por Cosaalt hace aproximadamente tres años, bajo un esquema de administración y operación transitoria. Desde aquel momento, la planta ha estado operando, lo que implicó que su costo de funcionamiento debía ser integrado progresivamente en la estructura tarifaria de la cooperativa para garantizar la sostenibilidad del servicio.
El exgerente fue enfático al señalar que es técnicamente inviable mantener el funcionamiento de una planta de tratamiento sin que exista un cobro asociado al proceso de tratamiento de las aguas residuales. Para sustentar esta postura, Patiño hizo referencia a la política nacional vigente en materia de saneamiento básico, la cual establece que todos los usuarios deben realizar una contribución económica para el mantenimiento de estos sistemas, independientemente de la zona geográfica en la que residan o de la ubicación específica de la planta de tratamiento.
Sin embargo, el núcleo de la controversia no reside únicamente en el aumento de las tarifas, sino en el manejo de la información por parte de las actuales autoridades de la entidad. José Luis Patiño lanzó fuertes cuestionamientos hacia los actuales consejeros y el gerente interino de Cosaalt, acusándolos de haber ocultado deliberadamente una propuesta de nueva estructura tarifaria. De acuerdo con el exgerente, este trabajo técnico ya había sido desarrollado desde el año 2023, pero fue mantenido en secreto por la administración actual.
Según la denuncia de Patiño, el objetivo de ocultar este ajuste tarifario habría sido proyectar una imagen falsa de rebaja en los costos para los asociados, una estrategia que, a su juicio, busca favorecer la reelección de las autoridades actuales. "Le están mintiendo al asociado y a la población", afirmó tajantemente el exgerente, subrayando que San Blas ha estado operativa durante tres años y que es inaceptable que recién en este momento se empiece a discutir su incorporación formal a los costos del servicio.
En cuanto al impacto social de estas medidas, Patiño analizó la vigencia de la denominada "tarifa solidaria". Esta modalidad está diseñada específicamente para apoyar a las familias de escasos recursos, beneficiando a aquellos usuarios cuyo consumo de agua sea de hasta 10 metros cúbicos. No obstante, el exgerente advirtió que, en la práctica, este beneficio llega a un porcentaje muy reducido de la población.
Lo anterior se debe a que, según los datos analizados por Patiño, el consumo promedio de una familia tarijeña se sitúa actualmente entre los 15 y 17 metros cúbicos. Al superar el límite de los 10 metros cúbicos, la gran mayoría de los usuarios quedan fuera del rango de la tarifa solidaria, quedando expuestos al ajuste tarifario derivado de la operación de la Planta de San Blas. Esta disparidad entre el consumo real y el límite del beneficio social sugiere que el impacto económico del incremento será sentido por la mayor parte de los asociados de la cooperativa.
En resumen, la postura de José Luis Patiño pone de relieve una tensión entre la necesidad técnica de financiar el tratamiento de aguas residuales y la gestión política de la información por parte de la dirigencia de Cosaalt. Mientras la operatividad de San Blas exige un cobro justo y acorde a las normativas nacionales, las acusaciones de opacidad administrativa sugieren que los intereses electorales podrían estar primando sobre la transparencia hacia los usuarios y asociados de la institución.
