La Superintendencia Financiera de Colombia ha emitido una nueva condena en contra de Credicorp Capital Fiduciaria, obligando a la entidad a pagar la suma de COP 8.870 millones. Esta sanción surge como consecuencia de las irregularidades y el eventual fracaso de un proyecto inmobiliario, convirtiéndose en el monto más alto con el que se ha castigado a esta entidad hasta la fecha.
La decisión judicial fue tomada por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia, la cual encontró que la Fiduciaria incurrió en responsabilidad civil y contractual. El caso se centra específicamente en el proyecto inmobiliario denominado MIZU Estilo Natural, ubicado en la ciudad de Cali. La condena económica comprende los valores que fueron aportados por los demandantes, los cuales han sido indexados hasta el momento en que se dictó el fallo de primera instancia.
Desde la perspectiva legal de los afectados, esta decisión representa un paso fundamental en la protección de los consumidores. Juan Carlos Orjuela, socio de Orjuela Cortés Abogados y representante de los demandantes, subrayó que la sentencia es particularmente relevante ya que concluye que Credicorp Capital Fiduciaria incumplió con los deberes profesionales, legales y contractuales que le correspondían. Según Orjuela, la entidad falló en su rol como administradora profesional de negocios ajenos, una función que implica un estándar de diligencia y responsabilidad riguroso.
De acuerdo con los hallazgos de la Superintendencia, la firma fiduciaria permitió la disposición de los recursos aportados por los compradores sin realizar una verificación adecuada de la viabilidad del proyecto. El organismo regulador señaló que no se evaluaron correctamente los componentes técnicos, financieros y jurídicos necesarios para garantizar la ejecución de la obra.
Además de la falta de análisis previo, el fallo detalla que la Fiduciaria omitió realizar un seguimiento efectivo a la ejecución del proyecto. La Superintendencia determinó que la entidad no identificó ni monitoreó de manera suficiente los riesgos asociados al desarrollo inmobiliario, permitiendo que se tomaran decisiones que comprometieron gravemente tanto la financiación como la ejecución material de la obra.
En el centro de este conflicto se encuentra la empresa P&P Constructora Urbano S.A.S., la constructora encargada del proyecto MIZU Estilo Natural. Esta empresa entró en un proceso de insolvencia financiera en el año 2022, situación que provocó la paralización definitiva de la obra y dejó a los compradores en una situación de vulnerabilidad.
Ante esta condena, Credicorp Capital Fiduciaria ha manifestado su desacuerdo y ya ha procedido a presentar la apelación correspondiente. La entidad sostiene que el fallo desconoce el marco legal que rige la actividad fiduciaria en Colombia. En su defensa, la firma argumenta que la sentencia le atribuye responsabilidades que, según la ley, corresponden exclusivamente al constructor y no al administrador de los recursos.
La Fiduciaria advirtió que decisiones judiciales de esta naturaleza podrían poner en riesgo la viabilidad misma del negocio fiduciario en el país, impactando negativamente el funcionamiento de todo el sector inmobiliario. La empresa señaló que trasladar las responsabilidades del constructor a la Fiduciaria desincentiva la administración profesional de recursos en proyectos de vivienda, lo cual, a su juicio, termina afectando a miles de compradores que confían en estos mecanismos para resguardar sus ahorros y aportes.
Por su parte, el abogado Juan Carlos Orjuela expresó su preocupación ante la recurrencia de descalabros en proyectos inmobiliarios y las subsecuentes condenas judiciales. Para el jurista, resulta alarmante que, a pesar de estas sentencias, aún no existan sanciones institucionales o personales contra los directivos de estas entidades. Orjuela afirmó que esta nueva condena pone de manifiesto patrones de conducta que requieren una revisión profunda por parte de las autoridades de supervisión y regulación.
El defensor hizo hincapié en que se han reiterado condenas por incumplimientos similares, especialmente en lo relacionado con el análisis de riesgos, la verificación de viabilidad y la protección de los recursos de los consumidores. Según Orjuela, esto plantea serios interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos internos de control y la debida diligencia implementada por la entidad. Finalmente, el abogado instó a la necesidad de una reforma en Colombia que fortalezca la protección de los compradores vinculados a proyectos inmobiliarios administrados mediante esquemas fiduciarios.
