El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha formalizado la aprobación de su anteproyecto de presupuesto para el año 2027, aunque lo ha hecho bajo una figura de "protesta". Esta decisión responde a las estrictas restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda, las cuales, según advierte el órgano electoral, podrían comprometer seriamente la organización de las elecciones municipales de 2028, limitar los procesos de modernización tecnológica y afectar la calidad de diversos servicios institucionales.
La propuesta presupuestaria que ha sido remitida al Ministerio de Hacienda asciende a un total de ₡58.531 millones. Esta cifra representa una reducción significativa de ₡19.276 millones en comparación con los ₡77.807 millones que fueron autorizados para el ejercicio del año 2026. En términos porcentuales, el Tribunal enfrenta una disminución del 24,8% en sus recursos disponibles.
Los magistrados electorales han señalado que la principal causa de esta estrechez presupuestaria radica en una disposición administrativa: la obligación de incluir la contribución estatal a los partidos políticos dentro del límite máximo de gasto institucional. Para el próximo año, este rubro asciende a ₡4.293 millones. El Tribunal sostiene que estos fondos no corresponden al funcionamiento ordinario de la institución, ya que tienen como destinatarios finales a las agrupaciones políticas, por lo que su contabilización dentro del tope de gasto reduce drásticamente la disponibilidad de recursos para atender necesidades operativas propias.
En el acuerdo oficial aprobado el pasado 8 de junio, el TSE manifestó que, si bien el presupuesto planteado le permitirá cumplir con sus obligaciones constitucionales básicas y honrar los compromisos adquiridos con proveedores de bienes y servicios, la institución carecerá de margen financiero para desarrollar nuevos proyectos. Los magistrados fueron enfáticos al señalar que, para ajustar las cifras al tope impuesto por Hacienda, han debido realizar "grandes sacrificios", desfinanciando partidas destinadas a la modernización de servicios y al robustecimiento de la innovación tecnológica.
El presupuesto solicitado se divide en dos ejes principales: ₡17.437 millones destinados al subprograma ordinario y ₡36.800 millones para el subprograma electoral. Este último apartado es el que absorbe los gastos operativos, la preparación de procesos electorales, la posibilidad de un eventual referéndum y, fundamentalmente, la contribución estatal a los partidos políticos.
A pesar de que el año 2027 no contempla la celebración de votaciones nacionales ni municipales, el Tribunal recordó que dicho periodo es crítico, ya que se ejecuta una parte sustancial de la preparación para los comicios municipales de 2028. Según estimaciones institucionales, aproximadamente el 40% de los gastos asociados a ese proceso electoral se realizan durante el año previo. La magnitud del reto es considerable: el TSE proyecta que más de 45.000 candidaturas podrían competir por más de 6.000 cargos de elección popular, con la posibilidad de que más de 150 partidos políticos presenten sus nóminas.
A esta presión financiera se suma la posible entrada en vigencia de una reforma al artículo 148 del Código Electoral. Esta modificación obligaría a la Administración Electoral a revisar minuciosamente las fotografías y hojas de vida de todos los aspirantes a cargos municipales. Según los cálculos del Tribunal, cada partido de escala nacional podría presentar alrededor de 2.400 fotografías y la misma cantidad de currículos, lo que implicaría una carga operativa masiva.
Asimismo, los magistrados denunciaron que la institución ha asumido nuevas responsabilidades legales en años recientes sin que se hayan asignado recursos extraordinarios para financiarlas. Entre estas nuevas funciones destacan la inclusión de la voluntad de donar órganos y tejidos en la cédula de identidad, la celebración de matrimonios en sede registral, la homologación de divorcios y separaciones, el reconocimiento de hijos de mujer casada y la implementación de medidas para el voto informado. A todo ello se añade la urgente necesidad de incrementar la inversión en ciberseguridad para mitigar el aumento de amenazas por delitos informáticos.
Finalmente, el TSE subrayó que, si se excluye la contribución a los partidos políticos, su presupuesto representa menos del 0,5% del presupuesto total de la República. Por ello, solicitaron nuevamente a Hacienda excluir la deuda política de los límites de gasto. La advertencia final es clara: de mantenerse este mecanismo, los servicios institucionales y la organización electoral se verán "gravemente afectados".
Este proceso quedó formalizado mediante el oficio STSE-1136-2026, firmado por el secretario general del TSE, Luis Guillermo Chinchilla Mora, y dirigido al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, como paso previo a que el presupuesto nacional sea conocido por la Asamblea Legislativa.
