Las autoridades mexicanas mantienen bajo un estricto seguimiento a una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", tras el aseguramiento de diversos artefactos explosivos de fabricación casera. El hallazgo ocurrió durante una inspección en la plaza de cobro número uno de Tlalpan, ubicada en la autopista México-Cuernavaca, donde se trasladaban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
En el operativo realizado en la mencionada caseta, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un total de 59 artefactos explosivos improvisados dentro de unidades de transporte procedentes del estado de Guerrero. No obstante, la gravedad de la situación trasciende el número de objetos confiscados; reportes de inteligencia sugieren que el grupo radical habría coordinado la fabricación de hasta mil artefactos similares, los cuales estaban destinados a ser utilizados durante las movilizaciones llevadas a cabo esta semana en la Ciudad de México.
De acuerdo con la información recabada por las agencias de inteligencia, los integrantes del comité estudiantil fueron los encargados directos de organizar tanto la elaboración como el traslado de este arsenal improvisado. En este contexto, se ha identificado a Jesús García Estrada, conocido bajo el alias de "El Coquillo", como uno de los operadores principales de dicha estructura. García Estrada, quien se desempeña como presidente del Comité de Lucha, es señalado como uno de los responsables de coordinar la logística necesaria para la distribución y fabricación de los artefactos.
La investigación sobre "El Coquillo" no se limita a la organización de las protestas. A este individuo se le atribuyen presuntas responsabilidades en la comisión de diversos delitos, entre los que destacan la retención ilegal de vehículos, así como el robo de mercancías y de combustible (diésel). Asimismo, las autoridades han puesto especial atención en las actividades de García Estrada en redes sociales, donde presuntamente presume la posesión de un reloj de alta gama, dato que ha sido integrado a las indagatorias sobre sus flujos financieros.
Paralelamente, las investigaciones han revelado la presencia de actores externos a la estructura estudiantil que ejercen una influencia considerable sobre los grupos radicales de Ayotzinapa. Entre ellos destaca Juan Miguel Hernández Carbajal, conocido como “El Padrino” o “El Mamado”. Carbajal es señalado por fomentar acciones de radicalización entre los estudiantes normalistas. Además, se le identifica como el responsable de la creación del grupo denominado “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, una organización que surgió a raíz de conflictos internos con los padres de los 43 normalistas, específicamente por discrepancias en el reparto del dinero obtenido mediante la toma de casetas.
En cuanto al financiamiento y apoyo logístico de estas estructuras, las fuentes institucionales analizan diversas hipótesis. Las investigaciones exploran posibles vínculos con actores políticos del estado de Guerrero. Específicamente, se analiza la relación de estos grupos con el senador Manuel Añorve Baños y con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dicha entidad, buscando determinar si existió algún tipo de soporte económico o político para estas actividades.
Respecto a la naturaleza de los explosivos asegurados, especialistas consultados por las autoridades determinaron que presentan un nivel de elaboración técnica superior a los petardos convencionales utilizados en manifestaciones. Los artefactos están fabricados con tubos de PVC, utilizan pólvora sellada con parafina y cuentan con un sistema de activación manual mediante fricción, diseñado específicamente para generar una detonación retardada.
Aunque los expertos advierten que la capacidad letal de estos dispositivos es limitada, subrayan que poseen el potencial de provocar lesiones físicas, incendios y daños materiales significativos, especialmente si son detonados en espacios cerrados o en proximidad a materiales inflamables.
Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra integrando diversas carpetas de investigación. El objetivo es determinar las responsabilidades penales relacionadas con la fabricación, el traslado y la posible utilización de los explosivos, así como esclarecer el origen de los recursos financieros que sostienen las actividades de este grupo radical.
