El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió recientemente a la compleja situación que atraviesan los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que han sido objeto de medidas de embargo ejecutadas por la Tesorería General de la República. Ante la controversia generada por estas acciones de cobro, la autoridad gubernamental anunció que llevará a cabo una revisión detallada de los casos, poniendo especial énfasis en aquellas personas cuyos ingresos mensuales sean inferiores a los 3,5 millones de pesos.
Durante su intervención, el secretario de Estado salió en defensa de la legitimidad del cobro de estas obligaciones financieras. El argumento central del ministro radica en la naturaleza del financiamiento del CAE, el cual fue posible gracias a la utilización de recursos públicos. Según explicó Jorge Quiroz, este crédito representa un esfuerzo colectivo, señalando explícitamente que el beneficio fue entregado a los estudiantes mediante el aporte de todos los chilenos.
En este sentido, la autoridad fue enfática al vincular el impago de estas cuotas con un perjuicio directo al erario nacional. Para el ministro, el incumplimiento de los compromisos adquiridos a través del CAE no es un asunto meramente individual, sino que afecta la totalidad de la ciudadanía, afirmando que cuando un beneficiario no paga su deuda, el Estado de Chile y, por extensión, todos los ciudadanos, resultan perjudicados.
Para contextualizar la situación actual de la recaudación, Quiroz detalló que hace aproximadamente 90 días se implementó una convocatoria abierta dirigida a los deudores. El objetivo de este llamado era instar a las personas a acercarse a las oficinas de la Tesorería General de la República para iniciar procesos de reprogramación de sus compromisos financieros. De acuerdo con las cifras entregadas por el ministro, esta iniciativa ha tenido una acogida positiva, registrándose cerca de 30.000 personas que ya han comenzado los trámites necesarios para regularizar su situación crediticia.
El ministro utilizó estas cifras para contrastar el volumen de personas que optaron por la regularización frente a aquellas que enfrentaron medidas judiciales más drásticas. Jorge Quiroz precisó que, del total de deudores, menos de 1.500 personas han sido objeto de embargos. Asimismo, sostuvo que un porcentaje significativo de estos procedimientos de embargo se aplica a personas que poseen una capacidad económica considerable, indicando que una buena parte de los casos corresponden a individuos con sueldos mensuales superiores a los 3,5 millones de pesos.
A pesar de defender el cobro general, el ministro dejó abierta la posibilidad de analizar situaciones particulares donde la capacidad de pago sea limitada. En este marco, aseguró que, si se detectan casos de personas embargadas cuyos ingresos se encuentren por debajo del umbral de los 3,5 millones de pesos, entablará conversaciones con la Tesorería General de la República. El fin de estas gestiones sería evaluar de qué manera se puede buscar una solución distinta y más adecuada para quienes no cuentan con los mismos recursos económicos que los sectores de ingresos altos.
No obstante, Quiroz reiteró que la vía preferente y el camino principal para resolver estas morosidades debe ser la reprogramación de la deuda. El ministro insistió en que el objetivo primordial es que los deudores tomen la iniciativa de acercarse a las instituciones correspondientes. En este proceso, prometió que existirán facilidades, plazos flexibles y una actitud de comprensión hacia los contribuyentes, aunque mantuvo una postura firme respecto al cumplimiento de la obligación, sentenciando que, independientemente de las facilidades, las deudas deben pagarse.
Finalmente, el secretario de Estado recordó que existe un marco normativo en desarrollo para abordar estas problemáticas. Mencionó que el proyecto de reconstrucción y desarrollo económico social incluye un artículo especial diseñado específicamente para la reprogramación de deudas con la Tesorería. Con esto, el ministro concluyó que el Estado continuará con el cobro de las obligaciones de manera ordenada y seguirá promoviendo la reprogramación como la herramienta fundamental para sanear las cuentas del CAE.
