La escena política chilena se encuentra nuevamente sacudida tras la revelación de una serie de conversaciones privadas entre el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, y el abogado Luis Hermosilla. Ante la gravedad de los contenidos expuestos, el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini han anunciado que presentarán denuncias formales ante la Fiscalía de Chile para que se investiguen presuntos delitos que podrían afectar la institucionalidad del país.
La controversia surge a raíz de una investigación periodística realizada por el medio Reportea.cl, la cual puso al descubierto chats inéditos intercambiados entre el diplomático y el abogado entre los años 2016 y 2023. En estas comunicaciones, se describen tramas que sugieren la comisión de diversos ilícitos, tales como el uso indebido de recursos públicos, la ejecución de espionaje político y el intento de intervenir en decisiones de jueces del Poder Judicial.
Entre los puntos más críticos revelados en las filtraciones, se encuentra una propuesta de Zaliasnik para implementar medidas drásticas durante el estallido social, sugiriendo específicamente "cortar internet como en Irán" y recopilar información detallada de figuras opositoras, mencionando explícitamente el caso de Daniel Jadue. Estos elementos han sido el motor de las acusaciones sobre una presunta red de espionaje destinada a perseguir adversarios políticos.
Asimismo, las conversaciones revelan gestiones para influir en el ámbito judicial. Según el contenido de los chats, Zaliasnik habría solicitado a Luis Hermosilla un "empujón" para ejercer influencia sobre la ministra Lilian Leyton, además de plantear la gestión de diversos nombramientos judiciales. Estas acciones han sido calificadas por la oposición como una grave vulneración a la independencia de los tribunales.
En el plano financiero y administrativo, las revelaciones apuntan a un eventual uso de gastos reservados para financiar defensas penales. Específicamente, se detalla que Zaliasnik gestionó el pago de honorarios para la defensa del general Mario Rozas, proceso en el cual habrían estado coordinados Loreto Silva y Andrés Chadwick. Al respecto, el embajador Zaliasnik confirmó haber percibido honorarios por dicha defensa, aunque negó categóricamente haber recibido fondos provenientes de gastos reservados. Por su parte, Andrés Chadwick negó cualquier vínculo con dichos pagos, mientras que Loreto Silva no ha emitido respuesta oficial.
La dimensión política del escándalo se extiende también a la relación entre los involucrados y el sector liderado por José Antonio Kast. Los chats indican que, en 2021, Hermosilla le ofreció a Zaliasnik la posibilidad de asumir el cargo de ministro de Justicia en un eventual gobierno de Kast. Ante esta oferta, Zaliasnik respondió que él se encargaría de "cubrir el flanco de la acusación de nazi" del líder político.
El diputado Daniel Manouchehri fue tajante al señalar que estas conversaciones no pueden ser consideradas como simples chats privados. El parlamentario afirmó que las revelaciones exponen una trama de influencias en jueces y el uso de recursos del Estado para proteger a aliados y atacar a oponentes, razón por la cual la denuncia ante la Fiscalía es, a su juicio, imperativa para obtener una investigación a fondo.
En la misma línea, la senadora Daniella Cicardini manifestó que los hechos son "demasiado graves" para ser resueltos con una simple explicación comunicacional. La senadora criticó la postura del Gobierno, señalando que mientras se habla de respeto institucional, las evidencias apuntan a presiones en el Poder Judicial y espionaje político, situaciones que, según Cicardini, dañan profundamente la democracia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Mientras la oposición avanza en las acciones judiciales, el Gobierno ha mantenido un énfasis en el respeto a la institucionalidad. No obstante, la magnitud de las revelaciones sobre el nuevo embajador en Israel ha dejado el caso instalado en la agenda pública, quedando ahora a la espera de que el Ministerio Público determine la existencia de delitos en las acciones descritas en los mensajes filtrados.
