Tras el reciente terremoto que ha afectado a Venezuela, la atención inmediata de la población y las autoridades se ha centrado, lógicamente, en las urgencias más apremiantes. Las prioridades han sido el rescate de sobrevivientes, la habilitación de refugios temporales, el restablecimiento de los servicios básicos y el inicio de la reconstrucción de las viviendas que quedaron reducidas a escombros. Sin embargo, una vez superada la fase crítica de la emergencia, surge una interrogante fundamental que rara vez alcanza los titulares: ¿es posible que una sociedad emerja de una catástrofe siendo mejor de lo que era antes?
Esta posibilidad se enmarca en una corriente de gestión internacional de desastres conocida como "Build Back Better", o «Reconstruir mejor». El concepto es directo: si un desastre obliga a levantar nuevamente una ciudad, carece de sentido repetir los mismos errores estructurales y organizativos que la hicieron vulnerable en primer lugar. Bajo esta premisa, la reconstrucción no debe limitarse a la obra civil, sino que debe aspirar a crear infraestructuras más seguras, instituciones más preparadas y comunidades con una capacidad superior para enfrentar futuras crisis.
En el caso de Venezuela, el análisis sociológico sugiere que este enfoque debe trascender lo material. El país no llegó al terremoto gozando de una salud institucional óptima. Por el contrario, la emergencia encontró a una sociedad profundamente fragmentada, marcada por una prolongada crisis política, instituciones debilitadas y una desconfianza generalizada entre los ciudadanos y el Estado. El sismo no creó estas fracturas sociales y políticas, pero sí las dejó al descubierto, evidenciando la fragilidad del sistema.
Por ello, el sociólogo Rafael Uzcátegui, codirector de Laboratorio de Paz, sostiene que la reconstrucción no puede consistir únicamente en reparar calles o levantar escuelas. El momento actual representa una oportunidad para decidir cómo desea relacionarse la sociedad venezolana de ahora en adelante. Uzcátegui se apoya en las observaciones de la escritora Rebecca Solnit, quien, tras estudiar diversos desastres naturales, concluyó que las catástrofes no necesariamente liberan el egoísmo o el caos. Por el contrario, muchas personas reaccionan organizando cocinas comunitarias, formando brigadas de rescate y creando redes de apoyo mutuo sin esperar instrucciones oficiales.
Esta capacidad de cooperación, que a menudo parece improbable en la vida cotidiana, surge de la necesidad imperiosa de descubrir que nadie puede salir adelante solo. Este fenómeno se vincula con lo que Robert Putnam define como «capital social»: el conjunto de confianza, cooperación y redes que permiten a una comunidad resolver problemas comunes. El capital social no es algo que pueda ser decretado por un gobierno ni aprobado mediante una ley; se construye lentamente a través de la experiencia colectiva y la comprobación de que la colaboración produce resultados tangibles.
En las últimas semanas, Venezuela ha sido testigo de este proceso. Se ha observado la organización de centros de acopio por parte de vecinos, voluntarios removiendo escombros y la coordinación de ayudas a través de iglesias y organizaciones sociales en zonas donde el Estado no llegaba o lo hacía con retraso. Si bien la solidaridad ha tenido un efecto inmediato en los beneficiarios, también ha dejado un aprendizaje invisible pero poderoso: la certeza de que la acción colectiva es efectiva.
Este hábito de asociarse fue analizado hace dos siglos por Alexis de Tocqueville al estudiar la democracia estadounidense. Tocqueville observó que los ciudadanos no dependían exclusivamente del gobierno para resolver sus problemas, sino que creaban asociaciones y asumían responsabilidades compartidas. Para el pensador, esta costumbre de asociarse era una base fundamental de la vida democrática, ya que enseña a deliberar, a confiar y a actuar conjuntamente.
La reconstrucción de Venezuela, por tanto, no es solo una tarea para ingenieros, arquitectos o urbanistas. Dependerá críticamente de la capacidad de conservar y fortalecer las redes de cooperación surgidas durante la tragedia. Existe un riesgo real: si estas experiencias desaparecen al finalizar la emergencia, el país habrá reconstruido edificios, pero no su tejido social. Si, por el contrario, se convierten en formas permanentes de organización ciudadana, se estará reconstruyendo el tejido democrático necesario para los desafíos futuros.
El resultado no está garantizado. La reconstrucción puede derivar en una mayor participación ciudadana o, alternativamente, concentrar aún más el poder. Puede abrir espacios para que las comunidades decidan sobre su futuro o reducirlas a meras receptoras de ayuda. Asimismo, el proceso podría fomentar la transparencia o reproducir prácticas clientelares. Las decisiones de los próximos meses definirán no solo la fisonomía de las ciudades, sino la relación entre la ciudadanía y las instituciones en los años venideros. Reconstruir mejor implica, en última instancia, fortalecer la confianza y la capacidad de los ciudadanos para organizarse y cuidarse unos a otros.
