El movimiento estudiantil chileno ha retomado las calles, marcando el regreso de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) al escenario de la movilización social bajo la administración del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, este resurgimiento no ha estado exento de tensiones, evidenciando una fractura cada vez más visible entre quienes impulsan las tomas y marchas y quienes rechazan el impacto académico de las paralizaciones.
El miércoles 3 de junio, miles de estudiantes se concentraron en la Alameda bajo la consigna “La educación pública se defiende”. Esta movilización fue convocada apenas dos días después de la primera Cuenta Pública del mandatario, centrándose en tres demandas concretas: el rechazo al proyecto “Escuelas Protegidas” —aprobado previamente en el Congreso con 104 votos a favor—, la oposición a la denominada “megarreforma” fiscal y la denuncia por los recortes al presupuesto de Educación. La jornada, que se extendió a ciudades como Concepción, La Serena, Talca, Iquique y Valdivia con el respaldo de más de 25 federaciones, dejó un saldo de incidentes, detenidos y lesionados, destacando el caso grave de una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, quien sufrió heridas faciales severas.
La complejidad del debate interno quedó plasmada en un episodio ocurrido frente a la Casa Central de la Universidad Católica. Mientras la marcha avanzaba, integrantes del Movimiento Solidaridad UC se manifestaron con una bandera chilena y un lienzo que rezaba: “No queremos un Chile paralizado, queremos un Chile que prospere”. La situación escaló cuando un manifestante arrebató la bandera a los estudiantes. Este grupo, liderado políticamente por Benjamín Barrios, manifestó su oposición a las movilizaciones argumentando que no ofrecen soluciones reales para la institución ni para el país, abogando en su lugar por el diálogo y las propuestas.
Esta postura de Solidaridad UC surgió tras la aprobación interna de una moción de paralización en la PUC con un 64,7% de respaldo. Al respecto, el diputado Diego Schalper (RN) y fundador del movimiento, condenó la violencia y los desmanes que, a su juicio, opacan cualquier demanda legítima. En la misma línea, el Movimiento Gremial de la UC criticó el retorno del activismo, calificándolo de selectivo y asegurando que la Confech no representa realmente a los estudiantes, tras haber permanecido en silencio durante cuatro años.
En paralelo, se observa un proceso de reactivación institucional en la Universidad de Chile. Luego de tres años sin elecciones regulares, la Federación de Estudiantes (FECh) constituyó una nueva directiva encabezada por Laura Mlynarz (JJCC). La dirigenta ha señalado que su prioridad es la reconstrucción de la organización y su reinserción en la Confech, espacio que describe como actualmente desarticulado o deslegitimado. Mlynarz enfatizó la importancia de reconstruir confianzas y fortalecer una agenda común frente a las políticas gubernamentales, evitando la superioridad moral y priorizando la escucha y la discusión.
La tensión también se ha trasladado al interior de los campus. Desde el 28 de mayo, el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile permanece tomado. Los estudiantes justifican la medida basándose en la crisis de salud mental, las condiciones laborales de los funcionarios y el escenario político nacional, aunque han admitido no poseer aún un petitorio definitivo. Esta toma ha afectado la operatividad de las plataformas UCampus y UCursos, dificultando la docencia y otras actividades académicas.
Esta situación provocó la reacción del director del Departamento de Sociología de la FACSO, Octavio Avendaño, quien envió una carta a las rectoras Rosa Devés y Alejandra Mizala solicitando una intervención urgente. Avendaño calificó la situación de “extrema gravedad” debido al impacto en la investigación y las postulaciones a proyectos Fondecyt, criticando la negativa de mantener actividades remotas. El académico denunció que la voluntad de “grupos minoritarios, radicalizados y fanáticos” se está imponiendo y advirtió que, de no obtener respuesta, remitirá los antecedentes a la Contraloría, incluyendo presuntas denuncias sobre el financiamiento de tomas para el año 2025 por parte de docentes.
Desde las regiones, el malestar hacia el Ejecutivo es compartido. Bruno Díaz, presidente de la FEUTAL, resumió el inicio del gobierno de Kast como un periodo de “miedo, recortes y retrocesos sociales”, apuntando a los cambios en la gratuidad, la BAES y la reforma tributaria. Sofía Ávila, presidenta de la FEDEP, advirtió sobre la precarización estudiantil y la criminalización de la movilización, mientras que Diego Torres, presidente de la Federación de la Universidad Mayor, calificó como “muy negativo” el balance del Gobierno, viendo en “Escuelas Protegidas” y la megarreforma retrocesos profundos.
El escenario para el segundo semestre se proyecta conflictivo. La vocera de la Confech, Angy Morán, anticipó que la situación se complicará, especialmente ante la incertidumbre sobre la gratuidad universitaria. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el horizonte y la tramitación de la megarreforma en el Senado, el conflicto estudiantil parece estar solo en su etapa inicial.
