El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que el proceso judicial contra José Ángel Gómez Canaán, conocido como "Jochi Gómez", Hugo Beras y otros imputados en el denominado caso Intrant, no se encuentra debilitado. Esta declaración surge luego de que la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, decidiera eliminar la acusación de terrorismo contra los señalados.
Al salir de la audiencia, Camacho enfatizó que la decisión de la magistrada no afecta la solidez de la imputación, argumentando que los hechos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público se mantienen intactos. Según el funcionario, el tribunal ha retenido el cargo de sabotaje, lo que representa, en sus palabras, aproximadamente el 90% del tipo penal. Camacho señaló que los aspectos restantes podrán ser probados y resueltos durante la etapa de juicio, a medida que se desahoguen las evidencias correspondientes.
La jueza Yanibet Rivas dispuso que el caso pase a juicio de fondo, involucrando a una serie de personas físicas y jurídicas. Entre los imputados se encuentran el empresario José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras. Asimismo, fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien se desempeñó como exdirector de Tecnología del Intrant y exencargado del Centro de Control de Tráfico.
La lista de imputados se extiende a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien fue coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. También forman parte del proceso Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
En cuanto a las personas jurídicas, el tribunal envió a juicio a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. Wilson Camacho advirtió que, debido a que se mantienen las tipificaciones de sabotaje y lavado de activos, las penas podrían alcanzar hasta los 20 años de reclusión.
La Procuraduría Especializada de Combate a la Corrupción Administrativa (Pepca) había presentado la acusación formal en octubre del año 2025. El Ministerio Público sostiene que se utilizaron contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L. para otorgar accesos privilegiados, los cuales fueron presuntamente empleados para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando la seguridad tecnológica, la transparencia y la legalidad administrativa.
De acuerdo con la acusación, José Ángel Gómez Canaán es el eje central de este esquema criminal. Se le señala de mantener vínculos societarios, operativos y financieros con las empresas involucradas para conformar un entramado dedicado a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico. Gómez Canaán es señalado como el beneficiario de contratos fraudulentos y el responsable del control de los sistemas de videovigilancia, espionaje tecnológico y el sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Por su parte, Hugo Beras es acusado de haber facilitado adjudicaciones fraudulentas a empresas que no poseían capacidad técnica, participando además en la manipulación del sistema de videovigilancia y la red semafórica. Frank Díaz Warden es señalado por manipular licitaciones y decisiones del Comité de Compras para beneficiar al grupo, mientras que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de los semáforos y falsificó certificaciones.
El esquema también involucró a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria, y a Pedro Vinicio Padovani Báez, quien supervisó el centro de control de tráfico y participó en licitaciones fraudulentas. Carlos José Peguero Vargas es acusado de movilizar fondos a través de Inprosol S.R.L., mientras que Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez actuaron como testaferros de PagoRD Xchange para ocultar la propiedad de Gómez Canaán. Henry Darío Feliz Cassó habría operado como intermediario financiero.
Respecto a las empresas, se detalla que Transcore Latam S.R.L. se usó para contratos fraudulentos; PagoRD Xchange S.R.L. para la apropiación de ingresos públicos y compra de bienes de lujo; Industria Soltex Dominicana S.R.L. para lavado y contrabando; Dekolor S.R.L. para manipular licencias y desviar fondos; Aurix S.A.S. para espionaje y sabotaje; Inprosol S.R.L. como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. para la adquisición de inmuebles con fondos ilícitos.
En resumen, el grupo enfrenta cargos por lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa al Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación, delitos de alta tecnología, uso de documento privado, contrabando y violación a la Ley de Armas.
