El Ministerio Público, en un operativo coordinado con agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó este viernes una serie de órdenes de detención preliminar contra nueve efectivos pertenecientes a la Comisaría de Vitarte. Estas acciones forman parte de una investigación exhaustiva que busca esclarecer presuntos actos de corrupción cometidos dentro de dicha dependencia policial.
Como parte de las diligencias judiciales, las autoridades no solo procedieron con las detenciones, sino que también llevaron a cabo el allanamiento de diversos ambientes en la propia Comisaría de Vitarte. Asimismo, se intervinieron 10 viviendas propiedad de los investigados, las cuales se encuentran distribuidas en diversos distritos de la capital y el Callao, específicamente en Independencia, Santa Anita, Ate, Pachacámac, Lurigancho-Chosica y La Perla. Todas estas medidas se enmarcan en las pesquisas por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los efectivos detenidos han sido plenamente identificados. Entre ellos se encuentra el alférez PNP Diego García, quien es señalado como el presunto cabecilla de la organización. Acompañan en esta detención los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huaman, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.
Las líneas de investigación sugieren que estos agentes habrían conformado un grupo criminal operando específicamente desde la sección de patrullaje de la Comisaría de Vitarte. El modus operandi consistía en interceptar a conductores que transitaban por la carretera Central de forma concertada. Una vez detenidos los vehículos, los efectivos presuntamente exigían el pago de coimas a los conductores a cambio de no imponerles papeletas de tránsito. En aquellos casos donde los ciudadanos no contaban con dinero en efectivo en el momento de la intervención, los policías habrían llegado al extremo de obligarlos a realizar retiros bancarios para cubrir el monto exigido.
El proceso legal está siendo conducido por el fiscal provincial Richter Eliseo Rengifo Ramírez, quien pertenece a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este. Durante las diligencias de allanamiento, el equipo fiscal y policial logró la incautación de una cantidad considerable de evidencia. Entre los objetos asegurados se encuentran equipos tecnológicos, teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias USB y diversos soportes informáticos. Además, se incautó dinero en efectivo y documentación administrativa clave de la comisaría, incluyendo los cuadernos de registro de ingreso y salida de vehículos, actas de intervención y papeletas de tránsito, elementos que serán fundamentales para contrastar las intervenciones reales con las presuntas extorsiones.
Ante la gravedad de los hechos, la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado oficial esta mañana. En el documento, la institución deslindó cualquier responsabilidad sobre los presuntos actos de corrupción y reafirmó su respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de los implicados, subrayando que estos deben ser evaluados por la autoridad jurisdiccional competente hasta que exista una decisión firme.
La PNP enfatizó que las acciones investigadas no representan los valores ni el compromiso de los más de ciento cuarenta mil efectivos policiales que desempeñan su labor con honor, sacrificio y respeto a la ley. Por el contrario, la institución sostuvo que este operativo demuestra que la PNP posee mecanismos internos de control, supervisión e inteligencia capaces de identificar y poner a disposición de la justicia a aquellos elementos que presuntamente traicionen la confianza de la ciudadanía.
Finalmente, la entidad policial reiteró que la lucha contra la corrupción no distingue grados, cargos ni funciones, asegurando que actuarán con firmeza, objetividad y transparencia siempre que existan indicios razonables y mandatos judiciales. Por su parte, fuentes cercanas al caso confirmaron que los nueve agentes detenidos ya fueron sometidos a los exámenes de médico legista de rigor, continuando así con el proceso legal correspondiente.
