El Perú se encuentra en la cuenta regresiva hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 7 de junio. Este proceso electoral no solo representa la elección de un nuevo mandatario, sino el enfrentamiento entre dos modelos de país antagónicos que disputan la preferencia del electorado. Sin embargo, más allá de quién resulte ganador, los analistas internacionales advierten que el próximo Gobierno heredará un escenario político profundamente fragmentado, lo cual tendrá repercusiones directas en la economía y en los indicadores financieros de las corporaciones del país.
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings ha emitido una advertencia clara sobre las condiciones de gobernabilidad. Según la firma, las elecciones se desarrollan en un contexto de desafíos institucionales de larga data y una legislatura fragmentada. Estas circunstancias, señalan los analistas, limitarán la capacidad de la administración entrante para impulsar reformas estructurales y ejecutar grandes proyectos de infraestructura y minería, los cuales son críticos para el crecimiento económico nacional, independientemente de la tendencia política del presidente electo.
Fitch Ratings enfatiza que la fragmentación del Congreso y el nuevo Senado probablemente restringirá la implementación de cambios políticos significativos. Esta persistente limitación en la gobernabilidad podría derivar en un retraso en las decisiones de inversión y una ralentización en la ejecución del gasto de capital, conocido como capex. Este indicador es fundamental, ya que representa los desembolsos que las empresas realizan para adquirir, mejorar o mantener activos a largo plazo, esenciales para el sostenimiento o la expansión de sus operaciones comerciales.
En términos cuantitativos, la calificadora proyecta un impacto negativo en los ingresos de las empresas peruanas. Fitch estima que el crecimiento anual de estos ingresos para 2026 y 2027 —periodo que comprende el primer año y los meses siguientes del nuevo Gobierno— será de apenas el 3.3%. Esta cifra es notablemente inferior al 5.2% observado en 2025. Como antecedente, en 2024 las ventas de las compañías analizadas aumentaron un 3.7%, tras haber sufrido un estancamiento en 2023 debido a la recesión económica de ese año.
Asimismo, la proyección sobre el gasto de inversión como proporción de los ingresos corporativos muestra una tendencia decreciente. Para el ejercicio actual, se estima un 12.9%, impulsado por la inercia positiva de la inversión privada en la primera mitad del año. No obstante, se prevé que este índice baje al 10% en 2025 y caiga drásticamente a un 6.3% en 2027, reduciéndose a poco menos de la mitad de su nivel actual.
Al respecto, Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, precisó que las compañías afectadas por estas proyecciones son aquellas con capacidad de emitir papeles de deuda en el mercado internacional para financiarse, operando en sectores estratégicos como la banca, minería, energía y consumo. Espada sostiene que la ralentización de los ingresos empresariales se explica, en parte, por un crecimiento de la economía doméstica insuficiente para reducir significativamente la pobreza. El analista subrayó que, para disminuir los niveles de pobreza, el país necesita crecer por encima del 5% anual, lo cual requiere reformas que fomenten la inversión privada y una ejecución eficiente de la inversión pública.
Espada también señaló que es necesario reducir el número de partidos políticos en las contiendas electorales, proponiendo la implementación de elecciones primarias como solución. Mencionó que el Parlamento actual impidió la ejecución de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), volviéndolas optativas. Para ilustrar la diferencia, comparó la situación peruana con el caso colombiano, donde en elecciones recientes el 80% de los votos válidos en primera vuelta se concentraron en los dos candidatos principales, contrastando con la alta dispersión del voto característica del Perú.
Finalmente, el análisis se extiende a la conflictividad social. Fitch Ratings advierte que el malestar social sigue siendo un riesgo latente, a pesar de que la finalización de algunas fases de construcción y la aprobación de permisos previos han reducido la exposición a interrupciones operativas. Jorge Espada argumenta que este descontento es estructural, ya que sectores amplios de la población no cubren sus necesidades básicas, y no se limita únicamente al 25% que se encuentra bajo la línea de pobreza.
En cuanto a los escenarios políticos, Fitch Ratings indica que una victoria de Fujimori probablemente respaldaría la inversión privada y la ejecución de proyectos. Por el contrario, una elección de Sánchez aumentaría la incertidumbre respecto a la estabilidad de los contratos, las regalías, los impuestos y el nivel de intervención estatal. En este sentido, Alexander Muller, economista jefe para la región andina de Bank of America, señaló que el programa de Fuerza Popular presenta ambigüedades en cuanto a las concesiones mineras, sin que quede claro si están a favor o en contra de recortarlas.
