La reciente presentación de la Ley de Reconstrucción Nacional ante el Parlamento ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión acerca del nivel de endeudamiento del Fisco. La propuesta gubernamental incluye una serie de medidas que, según el análisis, mantendrían un déficit fiscal persistente más allá de los próximos cuatro años. Esta situación se produce incluso antes de considerar el aparente error en la estimación del coeficiente deuda fiscal a PIB que fue realizado por la administración anterior, lo que intensifica la preocupación sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Ante este escenario, surge una interrogante fundamental sobre si es deseable incrementar el endeudamiento del Estado y si resulta racional mantener un límite establecido para dicho proceso. Desde una perspectiva teórica, se podría argumentar que una regla que permitiera al gobierno ejecutar cualquier proyecto socialmente rentable sin restricciones de financiamiento maximizaría el bienestar de la nación. Sin embargo, este planteamiento enfrenta un obstáculo práctico considerable: la enorme dificultad que implica medir con precisión ese beneficio social.
Por otro lado, existe el riesgo inherente de permitir que los gobiernos se endeuden sin restricciones. El problema radica en que los beneficios políticos inmediatos que se derivan de un mayor gasto en el presente suelen ser trasladados como costos a las generaciones futuras, quienes deberán asumir la carga de esa deuda.
En el ámbito económico actual, existe un consenso prácticamente universal que señala a la disciplina fiscal como una condición necesaria para alcanzar una tasa elevada de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En el caso particular de Chile, la historia económica parece respaldar esta premisa, independientemente de cuál haya sido el nivel o la tasa de crecimiento del gasto fiscal en diferentes periodos.
La evidencia histórica chilena destaca dos etapas claras en las que se presentaron superávits fiscales coincidentes con altas tasas de crecimiento económico. El primer episodio ocurrió durante el siglo XIX, en un periodo donde el nivel de gasto fiscal era relativamente parejo y se mantenía por debajo del 10 por ciento del PIB. El segundo episodio se registró durante la década de 1990, momento en el cual el nivel de gasto era considerablemente mayor, alcanzando el 30 por ciento del PIB, pero aun así se mantuvieron superávits fiscales.
Este análisis sugiere que la disciplina fiscal es más sencilla de mantener cuando existe una regla fiscal bien diseñada, siguiendo una lógica similar a la que se aplica para lograr la disciplina monetaria mediante una regla correspondiente. Chile cuenta con ambas reglas, pero los resultados han sido dispares. Mientras que la aplicación de la regla monetaria ha sido exitosa, la regla fiscal ha mostrado un desempeño mucho menor. De hecho, desde la crisis financiera de 2008-2009, el país ha experimentado saldos fiscales estructurales negativos.
La diferencia fundamental entre el éxito de la regla monetaria y el relativo fracaso de la regla fiscal reside en la institucionalidad. El Banco Central de Chile es una entidad independiente y posee un carácter ejecutivo, lo que le otorga la autonomía necesaria para tomar las medidas de política monetaria que considere pertinentes para cumplir su objetivo de estabilización de precios.
En contraste, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) posee atribuciones limitadas. Si bien el CFA puede contribuir al manejo responsable de la política fiscal, lo hace únicamente a través de la emisión de opiniones. Aunque estas opiniones son importantes y suelen ser escuchadas, el organismo carece de poder resolutivo para imponer medidas.
En consecuencia, el desafío actual consiste en modificar las atribuciones del Consejo Fiscal Autónomo. El objetivo sería dotar a esta institución de herramientas que induzcan a los gobiernos a seguir las recomendaciones del Consejo con mucha más fuerza que la que se aplica en la actualidad, asegurando así una mayor adherencia a la disciplina fiscal y la estabilidad económica a largo plazo.
