Tras un periodo crítico marcado por las secuelas de la pandemia, la inestabilidad política y las perturbaciones climáticas, el sistema financiero peruano comienza a mostrar señales de alivio en la situación económica de las familias. Después de enfrentar una inflación galopante entre 2022 y 2023 que presionó severamente las finanzas domésticas y elevó la morosidad a sus niveles más altos en más de una década durante la primera mitad de 2024, los indicadores actuales sugieren una trayectoria de recuperación.
Uno de los datos más reveladores proviene de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), específicamente a través del ratio de incumplimiento. Este indicador, que mide los préstamos con un atraso superior a los 90 días en los últimos 12 meses en relación con el total de créditos, alcanzó un pico del 10% a mediados de 2024 en el segmento de préstamos de consumo. Sin embargo, desde ese punto máximo, la cifra ha descendido hasta situarse en el 6.2%.
De manera complementaria, la carga de deuda que soportan las familias también ha experimentado una reducción significativa. La relación entre la cuota mensual de los créditos y los ingresos salariales bajó del 29.4% registrado en 2023 al 25% al cierre del año pasado. Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, destacó que este porcentaje representa el nivel más bajo registrado desde el año 2018. Según el funcionario, esta evolución responde a una mejora en el empleo y la actividad económica, pero también a un cambio estructural en la forma de solicitar financiamiento.
La irrupción de los créditos digitales ha sido un factor determinante. Herramientas como Yape y diversas aplicaciones bancarias, así como la canalización de créditos a través de WhatsApp, han popularizado los préstamos de bajo monto, que oscilan entre los S/ 200 y S/ 300. Esta tendencia ha moderado el monto total de financiamiento que solicitan las personas, ya que anteriormente se recurría a las oficinas físicas para gestionar préstamos de cuantías más elevadas, lo que incrementaba la carga financiera mensual.
Renato Ravina, jefe de investigación económica de la SBS, explicó que la reducción de la carga financiera se debe a una combinación de crecimiento en el empleo formal, remuneraciones más altas y una inflación que se mantiene baja. Esta mejora es transversal y se verifica en la mayoría de los quintiles de ingresos, incluyendo al primer quintil, que agrupa a la población con las remuneraciones más bajas. Para las entidades bancarias, el umbral de alerta se sitúa en el 30% de la relación cuota-ingreso; al estar actualmente en el 25%, se reduce el riesgo de exceso de endeudamiento.
Esta mayor capacidad de pago se refleja en el crecimiento anual de los créditos de consumo, que alcanzó un 8% a marzo. Ravina señaló que los préstamos minoristas, destinados al consumo y a micro y pequeñas empresas (mype), son procíclicos y reaccionan rápidamente a la actividad económica. Mientras la economía creció un 3.5% en el primer trimestre, los créditos a mype se incrementaron a una tasa anual del 9.5%, superando significativamente el 2.5% de crecimiento de los créditos mayoristas para grandes corporaciones.
Por su parte, Jorge Mogrovejo, superintendente de banca y microfinanzas, indicó que el sistema financiero registra un aumento en los depósitos, especialmente en ahorros y cuentas a la vista. La disminución de la morosidad ha permitido reducir el gasto en provisiones por riesgo de incobrabilidad, lo que ha impulsado la rentabilidad patrimonial de las instituciones financieras, con un promedio del 20.19% en el primer trimestre.
A pesar del panorama positivo, la SBS mantiene un monitoreo sobre posibles factores de estrés. Manuel Luy, gerente de estudios económicos, advirtió que la conflictividad social, la inestabilidad política, el fenómeno de El Niño costero y una posible rebaja en la calificación de riesgo soberano podrían afectar el sistema. Asimismo, existen riesgos externos como la prolongación de la guerra en Irán, tasas de interés globales elevadas y un menor crecimiento en EE.UU. y China.
En cuanto a los escenarios proyectados para el índice de incumplimiento, el escenario base prevé que baje del 3.2% actual al 3%. En un escenario de estrés, subiría al 3.7%, y en uno de estrés severo llegaría al 4.1%. Aun en el peor de los casos, la solvencia del sistema se mantendría adecuada, con un índice de capital global que podría descender del 16.4% al 14%, cifra que sigue estando por encima del mínimo regulatorio del 10%.
Finalmente, la incertidumbre electoral ha generado una actitud de cautela entre consumidores y empresas desde mediados de abril. Sergio Espinosa señaló que este clima político ha provocado una pausa en la presentación de solicitudes de licencias para nuevas empresas financieras que deseen ingresar al mercado peruano. Aunque existen procesos en curso para dos bancos, una financiera, dos aseguradoras y varias emisoras de dinero electrónico, el contexto político condiciona o posterga nuevas decisiones de inversión. No obstante, Espinosa subrayó que la digitalización facilita que los nuevos competidores inicien operaciones sin necesidad de invertir en agencias físicas.
