La Cámara Federal de Corrientes ha ratificado los procesamientos con prisión preventiva para trece personas acusadas de formar parte de una organización criminal transnacional con vínculos directos con el Tren de Aragua. Esta decisión judicial se produce luego de que el tribunal rechazara los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los imputados, consolidando así la situación procesal de los acusados. La causa tomó un giro determinante en febrero pasado, momento en el que la Fiscalía incorporó formalmente la figura de “organización criminal” a la imputación.
El eje central de la investigación es Guillermo Rafael Boscán Bracho, un ciudadano venezolano identificado como el líder de la denominada Banda del “Yiyi”, la cual guarda una estrecha relación con la organización Tren de Aragua. Boscán Bracho fue capturado el 2 de octubre de 2023 en la provincia de Corrientes por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Al momento de su detención, pesaba sobre él un pedido de captura internacional por una serie de delitos graves que incluyen extorsión, homicidio, terrorismo y tráfico de armas. Actualmente, el imputado es uno de los criminales más buscados de Venezuela y se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza bajo un régimen de “alto riesgo”. Asimismo, su extradición fue confirmada a mediados de marzo del año en curso.
El desmantelamiento de esta red fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía Federal N° 1 de Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Estas instituciones permitieron identificar a los otros doce integrantes de la organización, quienes fueron procesados bajo las iniciales E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C., M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A. Según la información suministrada por el Ministerio Público Fiscal, el grupo está compuesto por once ciudadanos venezolanos, una persona de nacionalidad colombiana y un ciudadano argentino.
El camino judicial ha tenido diversas etapas. En diciembre pasado, la Cámara Federal de Corrientes ya había confirmado los procesamientos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. No obstante, en aquel momento, el tribunal anuló parcialmente la imputación por organización criminal, argumentando que era necesaria una notificación específica a los acusados. Esta decisión obligó a los fiscales a solicitar la ampliación de las indagatorias para subsanar el vacío procesal.
Fue en febrero cuando se ampliaron las acusaciones contra los trece individuos, integrando definitivamente la figura de “organización criminal”. Este paso fue impulsado por la decisión del Gobierno Nacional de incluir a los implicados en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET). La resolución judicial actual sostiene que existen elementos probatorios suficientes para afirmar, con la probabilidad exigida en esta etapa, que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas, resaltando la intervención funcional de cada uno de los imputados. Los magistrados señalaron que las apelaciones presentadas por las defensas no pudieron desvirtuar la solidez de las pruebas reunidas.
La investigación reveló que la estructura criminal operaba en territorio argentino con una notable capacidad operativa, logística y económica. Los miembros de la red cumplían funciones diferenciadas y coordinadas dentro de un esquema estable. Uno de los puntos clave de la investigación fueron los allanamientos, particularmente en un local comercial ubicado en el barrio porteño de Colegiales, donde se incautaron computadoras, máquinas contadoras de billetes, dinero en efectivo en diversas divisas y documentación relevante.
Según las pruebas recabadas, la organización se dividía en dos células operativas que mantenían una comunicación constante con Boscán Bracho, quien seguía impartiendo directivas incluso desde su situación de reclusión. Los fiscales hicieron hincapié en la sofisticada planificación del grupo, lo que permitió a sus integrantes adquirir bienes muebles e inmuebles de alto valor, a pesar de no registrar actividades laborales formales ni ingresos económicos compatibles con dicho patrimonio. Entre las propiedades allanadas se destaca un campo situado a 30 kilómetros de la ciudad de Corrientes, además de detenciones efectuadas en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezeiza, La Plata y la capital de Corrientes.
Sobre el contexto de la organización, el Tren de Aragua fue incorporado en febrero de 2025 al RePET mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. La investigación indica que esta estructura operó en Argentina hasta el 28 de mayo de 2025, aunque sus raíces se remontan a los años 2004 y 2005 en la prisión de Tocorón, en Venezuela, durante el periodo presidencial de Hugo Chávez.
Respecto al líder, Boscán Bracho ingresó a la Argentina desde Colombia en junio de 2019 utilizando una identidad falsa. Antes de su arresto, residía en un country en la ciudad de Corrientes. El Ministerio Público Fiscal concluyó que el fallo de la Cámara Federal ratifica la existencia de una organización estructurada con permanencia temporal, distribución funcional de tareas y proyección transnacional, elementos que encuadran la causa en la figura de asociación ilícita, según lo establecido en el artículo 210 ter del Código Penal.
