El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, compareció este miércoles por la tarde ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José. El jerarca universitario declaró en condición de ofendido en relación con la toma de los edificios administrativos B y C, acción ejecutada por un grupo de estudiantes.
Esta diligencia se enmarca en una investigación adelantada por el Ministerio Público sobre presuntos delitos de daños agravados en perjuicio de la institución universitaria, proceso que se encuentra registrado bajo el expediente número 26-001132-0175-PE. Tras finalizar la audiencia, el rector Araya enfatizó que la universidad ha cumplido con su deber institucional de informar a las autoridades competentes sobre hechos concretos que requieren una investigación formal.
Araya subrayó que la institución no tiene la función de prejuzgar a las personas involucradas, pero resaltó la necesidad de defender la protesta pacífica, proteger los bienes públicos y garantizar que se respete el debido proceso en todo momento.
La cronología de los hechos indica que la ocupación de los inmuebles comenzó el 22 de abril, apenas un día después de que el Gobierno rompiera las negociaciones con los rectores universitarios respecto al monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2027. Los edificios fueron recuperados finalmente el 13 de mayo. A partir de esa fecha, la Oficina Jurídica de la Universidad procedió a levantar un acta notarial para documentar detalladamente el estado y las condiciones en que fueron entregados los inmuebles.
Los edificios afectados albergan dependencias críticas de la institución, incluyendo la Rectoría, el Consejo Universitario, la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Acción Social, además de diversas oficinas administrativas. Entre los daños materiales identificados, la universidad reportó vidrios, paredes, cielorrasos y pisos rayados con grafitis. Resulta particularmente grave que algunos de estos mensajes contenían amenazas de muerte dirigidas contra funcionarios universitarios.
Además de los grafitis, se documentaron cerraduras forzadas, vidrios quebrados y daños significativos en el mobiliario institucional. Asimismo, se reportaron afectaciones en los sistemas de protección contra incendios y en las redes de telecomunicaciones de la universidad.
En términos económicos, el rector Carlos Araya informó que los costos de reparación ascienden, hasta el momento, a ¢37,8 millones. De este monto, las labores de mantenimiento y recuperación de los edificios representan ¢21.364.736,99. El desglose financiero incluye contratos de pintura por ¢8,3 millones, mano de obra valorada en ¢4,7 millones y mano de obra ordinaria por ¢4,1 millones, junto a otros gastos derivados de la protesta.
A estas cifras se suman ¢14,2 millones asociados a labores extraordinarias realizadas por la Sección de Seguridad y Tránsito de la UCR, así como un gasto de ¢2.322.454 destinado a ciberseguridad y telecomunicaciones. Araya advirtió que el monto total podría incrementarse, ya que todavía está pendiente incorporar el costo de la reparación de varios ventanales, cuya instalación podría tardar entre tres y cuatro semanas.
Paralelamente a los daños estructurales, la institución detectó la pérdida de bienes. El rector instruyó a todas las dependencias a cuantificar los daños y robos. En la Vicerrectoría de Docencia, se reportó la ausencia de dos computadoras valoradas en ¢600.000 cada una, un trípode de ¢50.000, audífonos de una funcionaria por ¢80.000, un perfume de ¢50.000, además de otros audífonos y un ventilador con un valor de ¢23.000.
Debido a estas pérdidas, la Vicerrectoría de Docencia presentó una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Como parte de las pruebas, la universidad entregó copias íntegras de las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de la toma, así como los registros de las cámaras corporales utilizadas por los oficiales de seguridad durante los eventos.
Finalmente, el rector Araya reiteró que estas acciones no constituyen una persecución contra el estudiantado, sino el cumplimiento de una obligación institucional. Aseguró que, ante reportes técnicos de daños o bienes faltantes, la Rectoría debe informar a las autoridades competentes, manteniendo el respeto al debido proceso y buscando el equilibrio entre el derecho a la protesta, las garantías democráticas y el resguardo del patrimonio público.
