El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha emitido un comunicado oficial informando que, a partir de este primero de junio, han entrado en vigor las restricciones electorales en todo el territorio peruano. Esta serie de medidas regulatorias tiene como propósito fundamental asegurar que el desarrollo de la Segunda Vuelta Presidencial, programada para el próximo domingo 7 de junio, se lleve a cabo bajo condiciones de orden y correcto funcionamiento.
La primera de estas restricciones comenzó a regir estrictamente desde las 00:00 horas del día de hoy. A partir de ese momento, quedó totalmente prohibida la publicación de encuestas de intención de voto en cualquier medio de comunicación o plataforma. Al respecto, el ente electoral ha sido enfático al señalar que esta disposición busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral, así como preservar las condiciones de transparencia necesarias durante la etapa final de la campaña política.
El cumplimiento de esta norma es crítico, ya que el JNE ha advertido sobre las severas consecuencias legales para quienes decidan ignorar la prohibición. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones, aquellas personas o entidades que incumplan esta disposición vital enfrentarán sanciones económicas considerables. Las multas están tasadas entre las 10 y las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que se traduce en sanciones financieras que oscilan desde los 55 mil hasta los 550 mil soles, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Siguiendo el cronograma oficial establecido por la autoridad electoral, el calendario de restricciones continuará avanzando hacia el día de los comicios. Para el próximo viernes 5 de junio, exactamente a partir de las 00:00 horas, se implementará una nueva prohibición rotunda: la realización de cualquier tipo de reunión o manifestación que tenga un carácter político. El objetivo es evitar concentraciones que puedan alterar el orden público en las vísperas de la votación.
El incumplimiento de esta restricción sobre las reuniones políticas conlleva sanciones mucho más severas que las económicas. El JNE ha informado que quienes infrinjan esta norma podrían enfrentar penas privativas de la libertad. Las sanciones penales previstas para este caso específico varían desde los tres meses hasta los dos años de cárcel, subrayando la importancia de respetar el silencio y la calma política previos al día de la elección.
Finalmente, el calendario electoral contempla la aplicación de la denominada “ley seca”. Esta medida entrará en vigor el sábado 6 de junio a partir de las 8:00 de la mañana y se extenderá de manera ininterrumpida hasta las 8:00 de la mañana del lunes 8 de junio. Es fundamental precisar que la ley seca restringe exclusivamente la venta de bebidas alcohólicas; el consumo personal de las mismas no está prohibido por esta normativa.
La fiscalización de la ley seca estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). El incumplimiento de esta restricción a la venta de alcohol no solo implica multas, sino también posibles penas de cárcel. La sanción penal puede alcanzar hasta los 6 meses de prisión. En cuanto a la sanción económica, se aplicará una multa no menor al 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa, lo que representa un monto de S/ 3 390.
Con este despliegue de regulaciones, el JNE busca que la jornada electoral del domingo 7 de junio se desarrolle en un marco de legalidad y tranquilidad, asegurando que ninguna actividad prohibida interfiera con el derecho al voto y la transparencia del proceso presidencial.
