El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado formalmente una "investigación independiente" en relación con el fallecimiento del líder indígena miskito Brooklyn Rivera. El hecho ocurrió mientras Rivera se encontraba bajo la custodia de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que ha generado una ola de condenas internacionales y demandas de rendición de cuentas.
En un pronunciamiento oficial divulgado el 1 de junio de 2026, el GHREN enfatizó la necesidad urgente de llevar a cabo una "autopsia transparente" y la entrega inmediata de los restos mortales a sus familiares. La familia del líder indígena había denunciado su desaparición forzada durante casi tres años, un periodo en el cual el paradero y el estado de salud de Rivera fueron mantenidos en secreto por las autoridades nicaragüenses.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos, fue enfático al señalar que, bajo el marco del Derecho Internacional, el Estado de Nicaragua tiene la obligación ineludible de investigar la muerte en custodia de Brooklyn Rivera. Según Simon, es imperativo garantizar que los restos sean devueltos a la familia sin más demoras y que existan consecuencias legales por la desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos vinculadas a este caso. El experto subrayó que estas obligaciones son mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y no pueden ser eludidas por el gobierno.
La tensión ha aumentado debido a que la dictadura de Ortega y Murillo procedió a realizar las honras fúnebres de Rivera en la funeraria Sierras de Paz, ubicada en Managua. Esta acción fue ejecutada ignorando deliberadamente la petición de su hija, Tininiska Rivera, quien desde el exilio solicitó que el cuerpo fuera entregado para que pudiera ser sepultado en Sandy Bay, cumpliendo así con la voluntad expresa del líder indígena y las tradiciones de su pueblo.
El GHREN sostiene que la negativa del Estado a permitir una investigación independiente y a devolver el cuerpo a sus allegados refuerza las sospechas sobre la responsabilidad directa del régimen. Jan-Michael Simon añadió que el hecho de no transparentar el proceso invierte la carga de la prueba contra Nicaragua, fortaleciendo la presunción de responsabilidad estatal en el fallecimiento de Rivera.
Por su parte, la experta Ariela Peralta calificó la desaparición forzada de Brooklyn Rivera como un "crimen internacional". Peralta explicó que, cuando una persona desaparecida muere bajo el control del Estado, las circunstancias que conducen a ese desenlace pueden constituir múltiples crímenes contra la humanidad, incluyendo el asesinato, la tortura y la persecución, además de la propia desaparición forzada. Cabe destacar que el 12 de marzo de 2026, el Grupo de Expertos había enviado una carta al Gobierno exigiendo información precisa sobre el destino y paradero del líder, comunicación que fue ignorada por el régimen.
Los datos sobre el fallecimiento indican que Rivera, de 73 años, murió el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, tras haber permanecido más de 970 días en un encierro ilegal. Aunque la dictadura confirmó la muerte un día después y atribuyó el deceso a complicaciones relacionadas con la covid-19 en un comunicado del 31 de mayo, los expertos de la ONU rechazan esta versión. Reed Brody, miembro del grupo, afirmó que Rivera no murió por enfermedad, sino como resultado directo de una desaparición forzada de más de dos años, caracterizada por la falta de contacto familiar y la ausencia de servicios médicos independientes.
El caso de Brooklyn Rivera es visto por los expertos como la manifestación más visible de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. El GHREN denunció que el Gobierno ha infiltrado las estructuras de autogobierno para debilitarlas, ha tolerado invasiones de grupos armados que resultaron en decenas de muertes indígenas y ha utilizado detenciones arbitrarias y torturas como herramientas políticas.
Para dimensionar la magnitud de la crisis, el GHREN documentó entre 2018 y 2024 al menos 124 detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, guardabosques y líderes indígenas, además de registrar 46 asesinatos de personas indígenas en ese mismo periodo.
Finalmente, el Grupo de Expertos reiteró su profunda preocupación por el destino de otras nueve personas que permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluyendo a dos mujeres. El GHREN hizo un llamado urgente para que las autoridades revelen su paradero y permitan las visitas de abogados y familiares, mientras Reed Brody recordó que la muerte de Rivera, quien dedicó cuatro décadas a la defensa de su pueblo, exige que la comunidad internacional preste una atención definitiva a la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua.
