El Gobierno ha establecido un objetivo claro y desafiante para el cierre de su periodo de gestión: reducir la tasa de desocupación actual, que se sitúa en un 9,1%, hasta alcanzar un 6,5%. Para materializar esta reducción de puntos porcentuales en el mercado laboral, la administración proyecta la creación de una masa laboral considerable, estimando que se deberán generar entre 600 mil y 650 mil nuevos puestos de trabajo.
La urgencia de estas medidas se sustenta en que la cifra actual de desempleo, el 9,1%, representa el nivel más alto registrado desde el año 2021. Este escenario coloca al Ejecutivo ante la necesidad de implementar estrategias que permitan revertir la tendencia al alza de la desocupación y dinamizar la contratación en diversos sectores de la economía nacional.
Sin embargo, el análisis detallado de las cifras revela que el desempleo no afecta de manera uniforme a toda la población, existiendo brechas significativas según la ubicación geográfica y el perfil demográfico de los solicitantes de empleo. Un punto crítico es la Región Metropolitana, donde la tasa de desocupación es superior al promedio nacional, alcanzando un 9,7%. Esta situación evidencia que el centro neurálgico de la actividad económica del país enfrenta dificultades particulares para absorber la mano de obra disponible.
La disparidad es aún más pronunciada cuando se analiza el género y la edad. Las mujeres registran una tasa de desocupación del 10,5%, superando la cifra general y subrayando una vulnerabilidad persistente en el acceso al mercado laboral femenino. El dato más alarmante, no obstante, corresponde a los jóvenes, quienes enfrentan una tasa de desempleo del 22,8%. Esta cifra indica que casi una cuarta parte de la población joven se encuentra sin trabajo, lo que representa un desafío estructural para el Gobierno en su intento de alcanzar la meta del 6,5%.
A este complejo panorama se suma la problemática de la calidad del empleo. El informe destaca que más del 25% de los trabajadores actuales se desempeña en la informalidad. Este dato es fundamental, ya que implica que una parte sustancial de la fuerza laboral carece de seguridad social y estabilidad contractual, lo que complica la tarea de generar empleos formales y sostenibles que realmente impacten en la reducción de la tasa de desocupación oficial.
Ante estas proyecciones, el análisis técnico ha puesto en duda la viabilidad de la meta gubernamental. El economista Carlos Schmidt ha sido enfático al señalar que el objetivo de reducir el desempleo al 6,5% es "ambicioso" y considera que resultaría difícil de alcanzar dentro del plazo propuesto por la actual administración. Según el análisis de Schmidt, un escenario mucho más realista y ajustado a las condiciones actuales del mercado sería cerrar el mandato con una tasa de desocupación cercana al 7%.
En conclusión, aunque el Gobierno mantiene su hoja de ruta para crear hasta 650 mil empleos, existe una divergencia entre las aspiraciones oficiales y las proyecciones de los expertos. Tanto las autoridades como los especialistas coinciden en que el éxito de cualquier plan de reducción del desempleo dependerá estrictamente de que la economía logre recuperar un dinamismo sólido. La clave residirá en la capacidad del sistema económico para no solo generar puestos de trabajo, sino específicamente para fomentar la creación de empleo formal, combatiendo así la alta tasa de informalidad y atendiendo la crisis de desocupación que golpea con mayor fuerza a los jóvenes y a las mujeres.
