El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha decidido postergar la continuidad de las negociaciones salariales con los diversos gremios hasta que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informe el índice de inflación correspondiente al mes de mayo. Esta cifra es fundamental para que la administración provincial pueda estructurar una propuesta concreta, en un contexto donde las estimaciones sugieren que el número podría rondar el 2 por ciento.
A pesar de esta espera, el Ejecutivo provincial ya ha diseñado una hoja de ruta clara para avanzar en las paritarias. Según trascendió desde fuentes calificadas, la intención oficial es establecer un acuerdo salarial de carácter “largo”, que abarque varios meses de vigencia. Esta estrategia busca replicar la línea seguida en el último cierre firmado con los sindicatos, permitiendo que el Estado bonaerense tenga previsiones de gastos más certeras, una necesidad imperante dada la delicada situación financiera que atraviesa la provincia.
Como antecedente, cabe recordar que en los primeros días de marzo, la gestión de Axel Kicillof alcanzó un acuerdo con los gremios estatales, docentes, judiciales y profesionales de la Salud. Aquel cierre contemplaba una mejora salarial del 1,5 % para febrero, un 5 % adicional en marzo y un 2,5 % para el mes de abril. La intención actual es volver a implementar un esquema plurimensual para estabilizar la planificación presupuestaria.
Si bien los montos finales de la nueva propuesta aún no han sido revelados, se estima que la oferta oficial incluirá un incremento para el mes de junio. El objetivo de incluir este mes es que la mejora salarial tenga un impacto, aunque sea en un margen pequeño, sobre el cálculo del aguinaldo de los trabajadores.
Las conversaciones con los representantes sindicales ya han comenzado. En este marco, funcionarios del ministerio de Economía han sido claros al anticipar a los dirigentes gremiales que el escenario es de una extraordinaria complejidad. La caída en los ingresos propios, sumada a la disminución de los fondos recibidos por coparticipación federal, restringe significativamente las posibilidades del gobierno para concretar una propuesta que satisfaga el pedido central de los sindicatos: lograr que los sueldos comiencen a ganarle a la inflación.
Ante este panorama, algunos sectores gremiales propusieron que la Provincia otorgue aumentos específicos a los sectores más rezagados de la administración pública, mencionando explícitamente el caso de los auxiliares de Educación, especialmente si se decidiera omitir el aumento de junio y aplicar la primera suba del acuerdo extendido recién en julio. Sin embargo, el gobierno ha rechazado tajantemente la posibilidad de implementar mejoras sectorizadas. Fuentes oficiales aseguraron que el aumento definido será generalizado para todos los sectores, sin distinciones.
Para justificar esta postura, desde el entorno oficial señalaron que no seguirán el camino de gestiones anteriores. En concreto, afirmaron que no actuarán como Scioli, quien anunciaba aumentos que luego no podía pagar, ni como Vidal, quien aplicaba subas a sectores determinados en perjuicio de otros. Con ello, Kicillof mantiene la lógica de sus últimas negociaciones, donde las ofertas han sido similares para los distintos sectores.
En cuanto al contexto inflacionario, tras el registro del 2,6 por ciento en abril, diversas consultoras estiman que la inflación de mayo se ubique en un escalón más bajo, entre el 2 y el 2,2 por ciento. Aunque el Gobierno espera que esta tendencia descendente continúe, dicha expectativa se ve amenazada por los aumentos en diversos servicios ya anunciados por la Casa Rosada. Los sindicatos bonaerenses aspiran a quedar por encima de esos valores, luego de haber perdido contra la inflación durante 2024 y 2025.
Paralelamente, la provincia aguarda una resolución judicial que podría mejorar su disponibilidad de recursos. El próximo 10 de junio se llevará a cabo una audiencia en la Corte Suprema, donde el gobierno nacional deberá presentar un plan de pagos sobre una deuda que el Estado bonaerense reclama. Esta deuda surge debido a que el Anses dejó de transferir fondos al Instituto de Previsión Social (IPS) como resultado de un antiguo acuerdo de asistencia a provincias con cajas deficitarias.
El reclamo del gobierno de Kicillof asciende a 2,3 billones de pesos. No obstante, dentro del gabinete provincial se maneja una cautela marcada respecto a la posibilidad de recibir desembolsos inmediatos, recordando que el gobierno nacional ha incumplido numerosos fallos de la Corte. En total, la Provincia tiene ocho reclamos presentados ante el máximo tribunal por diversas deudas que superan los 15 billones de pesos.
Además del conflicto con Anses, existen otras siete demandas relacionadas con el recorte de fondos para seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), bosques nativos, la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de crear tributos locales para obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal de 2017.
