El Estado provincial ha llevado adelante un proceso de fiscalización y sanción que resultó en la desvinculación o suspensión de más de 600 agentes públicos. Estas medidas fueron aplicadas mediante resoluciones de la Junta de Disciplina del Poder Ejecutivo, en el marco de un ordenamiento de las reglas de cumplimiento de tareas impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck.
De acuerdo con un informe reciente de la secretaría de la Función Pública, en los últimos dos años se registró el movimiento de 748 expedientes. El análisis de los fallos revela que ocho de cada diez agentes públicos que fueron remitidos a la Junta de Disciplina terminaron con una sanción efectiva, ya sea mediante la exoneración, la cesantía o suspensiones de días sin goce de haberes.
En términos cuantitativos, las sanciones se concentraron en 614 decisiones. De este total, se aplicaron 105 cesantías, 7 exoneraciones y 502 suspensiones, de las cuales 489 fueron sin goce de haberes y con una duración de hasta 30 días. Por otro lado, el informe indica que otros 145 expedientes concluyeron con apercibimientos (28 casos) o sobreseimientos (106 casos). Asimismo, existen 247 trámites que fueron archivados directamente debido a la falta de mérito o por prescripción, lo que eleva el movimiento total de sumarios a 995.
La administración provincial distingue claramente entre los tipos de apartamiento permanente. La exoneración representa la sanción más severa, ya que implica la expulsión e inhabilitación definitiva para volver a ocupar cargos públicos. Por el contrario, la cesantía conlleva la pérdida del empleo actual, pero deja abierta la posibilidad de que el agente pueda reingresar al Estado en el futuro.
Los motivos detrás de los apartamientos permanentes responden a faltas calificadas como graves, tales como la negligencia en las funciones, el maltrato a ciudadanos, pacientes o compañeros, condenas penales firmes y el abandono prolongado del servicio, definido como meses sin trabajar. En contraste, las suspensiones fueron el resultado de faltas diarias, que incluyen llegadas tarde crónicas, inasistencias sin justificar y peleas en el entorno laboral.
El proceso de control se inicia en las direcciones de Recursos Humanos de cada organismo, que actúan como el primer anillo de organización y control, teniendo la facultad limitada a la retención de haberes ante inasistencias. Posteriormente, los expedientes son remitidos a la Junta de Disciplina, organismo presidido por la subsecretaria Antonela Mestre e integrado por dos vocales gubernamentales y dos representantes gremiales, provenientes de ATE y UPCN.
Tania Lastra, titular de la secretaría de la Función Pública, señaló que se ha alentado una fiscalización más rigurosa por parte de los ministerios. Lastra defendió la legalidad y transparencia del proceso, asegurando que las sanciones no son arbitrarias ni automáticas, ya que cuentan con la intervención de abogados instructores y se garantiza el derecho a la defensa. Respecto a un histórico cuestionamiento sobre la demora en las resoluciones, la funcionaria afirmó que los plazos se han acortado, variando actualmente entre dos y seis meses según la complejidad del caso.
Entre los expedientes analizados por la Junta se destacan situaciones de extrema gravedad. Se investiga a un empleado que utilizó su función pública para obtener datos de tarjetas de crédito de contribuyentes, y a otro agente involucrado en expedientes de contratación de servicios en Bariloche para favorecer a un proveedor conocido.
El sector salud concentra un número significativo de casos. Entre ellos, se registran denuncias contra un empleado de un CAPS por irregularidades en el suministro de medicación, una médica de guardia pasiva que se negó a atender una emergencia y un agente de salud que dejó tareas de limpieza a cargo de un familiar. También se procesó el caso de un encargado de turnos cuya ausencia injustificada impidió que pacientes accedieran a estudios de alta complejidad.
Otras sanciones incluyen a un trabajador hospitalario que concurrió ebrio a su puesto, consumió alcohol durante su jornada y acosó a una compañera, recibiendo 20 días de suspensión. Asimismo, un chofer de hospital fue sancionado con 30 días de suspensión tras utilizar una ambulancia, sin autorización, para asistir a una manifestación y cortar la calle. En el área administrativa, se analiza el proceder de agentes de Recursos Humanos que adulteraron registros de horas extras para que coincidieran con sus licencias anuales, y casos de personal del CAINA que enviaron mensajes de contenido sexual o amenazas a menores alojadas.
Finalmente, el gremio UPCN, a través de su secretaria gremial Mónica Miranda, manifestó su postura crítica frente a estas medidas. Miranda cuestionó que el gobierno exponga los despidos como un logro y sostuvo que las direcciones de Recursos Humanos poseen las herramientas necesarias para gestionar estas situaciones con anticipación antes de llegar a la sanción. Además, subrayó que el contexto económico y social actual afecta a muchos trabajadores que transitan situaciones delicadas.
