Un grupo de 17 alcaldes y alcaldesas de diversas regiones del país ha formalizado una solicitud dirigida a la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el objetivo de requerir una revisión exhaustiva de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). A través de una carta enviada a la cartera ministerial, los jefes comunales proponen la adopción de un sistema mixto que permita mantener la administración municipal en aquellas comunas que cuenten con "proyectos educativos exitosos".
El argumento central de los firmantes se basa en que el fortalecimiento de la educación pública en Chile requiere de soluciones que se adapten a las realidades locales, rechazando la aplicación de un modelo único y estandarizado para todo el territorio nacional. Para los ediles, la gestión educativa no puede ser uniforme si se pretende alcanzar la excelencia, ya que cada comuna posee necesidades y contextos sociales distintos.
En el documento remitido a la ministra, los alcaldes respaldan los proyectos educativos que han demostrado buenos resultados académicos y que han implementado programas específicos de inclusión, salud mental, deporte, innovación y acompañamiento integral para los estudiantes. Según sostienen los jefes comunales, estas iniciativas, administradas actualmente por los municipios, han logrado impactos positivos que podrían verse comprometidos si se impone la desmunicipalización.
En este sentido, los firmantes advirtieron que el traspaso obligatorio de la administración educativa a los SLEP podría poner en riesgo experiencias pedagógicas y administrativas que hoy muestran resultados favorables. Consideran que forzar este cambio en comunas donde la gestión municipal es eficiente sería contraproducente para la calidad de la enseñanza y el bienestar de los alumnos.
Como medida concreta, los ediles solicitaron a la cartera de Educación la creación de una mesa técnica especializada. El propósito de esta instancia sería revisar la Ley 21.040 y evaluar fórmulas normativas que permitan la coexistencia entre los Servicios Locales de Educación Pública y la administración municipal, otorgando así la flexibilidad necesaria para decidir qué modelo de gestión es el más adecuado para cada localidad.
La lista de alcaldes que suscribieron la carta incluye a Sebastián Sichel (Ñuñoa), Catalina San Martín (Las Condes), Camila Merino (Vitacura), José Manuel Palacios (La Reina), Felipe Alessandri (Lo Barnechea), Gustavo Alessandri (Zapallar) y Claudio Radonich (Punta Arenas). Asimismo, se sumaron los jefes comunales de Curicó, Melipilla, Pucón, Algarrobo, Colina, María Pinto, Curacaví, Quilpué, El Carmen y Sagrada Familia.
Este movimiento surge tras la realización del encuentro titulado "¿Por qué nos oponemos al SLEP?", evento organizado por la Municipalidad de Ñuñoa. En dicha instancia participaron alcaldes y los exministros de Educación, Mariana Aylwin y Harald Beyer, con el fin de analizar los efectos reales de la desmunicipalización y debatir alternativas viables para fortalecer la educación pública desde una perspectiva técnica y territorial.
Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, fue enfático al señalar que la educación pública requiere de mayor flexibilidad y una reducción de la burocracia. Según el edil, un sistema mixto es la vía correcta para fortalecer aquellos aspectos que ya funcionan y corregir aquellos que presentan deficiencias, evitando la aplicación de un esquema rígido.
Además, Sichel cuestionó la falta de argumentos técnicos para intervenir establecimientos que ya están entregando resultados positivos. "Nadie ha logrado explicar por qué hay que intervenir colegios que están dando resultados. La educación no puede transformarse en un experimento ideológico", afirmó el alcalde, quien reiteró que lo más razonable es avanzar hacia un modelo donde los SLEP convivan con municipios que han demostrado capacidad de gestión eficiente en el ámbito educativo.
Se espera que, durante las próximas semanas, los jefes comunales mantengan reuniones con el Ministerio de Educación para presentar formalmente su propuesta. El objetivo final es impulsar una discusión legislativa que permita otorgar mayor flexibilidad al sistema educativo chileno y proteger los logros alcanzados por las administraciones municipales exitosas.
