Marco Antonio Almanza, quien se desempeñó como jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, ha salido públicamente a desmentir las versiones que aseguran que se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Esta declaración surge luego de que un medio de circulación nacional difundiera la noticia de su supuesta entrega, generando una ola de especulaciones sobre su situación jurídica actual y su paradero.
Para respaldar su postura, se difundió una grabación en la que se observa al exservidor público realizando actividades físicas en el Jardín Botánico de Culiacán. En dicho material audiovisual, compartido por la periodista Michelle Rivera, Almanza Avilés manifestó sentirse víctima de un proceso de desacreditación. El exfuncionario hizo un llamado directo a quienes difunden estas versiones para que se apeguen a la verdad de los hechos.
La controversia se intensificó debido a que, a través de diversas redes sociales, comenzó a circular un registro de detención que parecía vincular al exjefe de la Policía de Investigación con las autoridades estadounidenses. Sin embargo, tras un análisis de la información, se determinó que el documento corresponde a una persona homónima y que el registro data del año 2013, no teniendo relación alguna con los eventos actuales ni con la persona de Marco Antonio Almanza.
Esta situación ocurre en un contexto legal complejo, ya que Almanza Avilés es uno de los diez exfuncionarios, incluyendo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que enfrentan graves imputaciones. Los cargos presentados contra este grupo de servidores públicos abarcan desde la asociación delictuosa para el tráfico de narcóticos hasta la asociación delictuosa para cometer secuestros que resultaron en la muerte de las víctimas.
En el caso específico de Marco Antonio Almanza, las acusaciones son severas. Se le señala de haber recibido sobornos con el objetivo de facilitar el libre tránsito de vehículos que transportaban precursores químicos, sustancias esenciales para la fabricación de fentanilo. Asimismo, se sostiene que el exjefe policial recibía una cuota económica por parte de la célula criminal conocida como "Los Chapitos".
Según las investigaciones, estos pagos no solo servían para permitir el paso de químicos, sino también para gestionar la liberación de personas detenidas que tenían vínculos con dicha organización criminal. Además, se le acusa de haber instrumentalizado la institución de justicia para emitir órdenes de aprehensión dirigidas contra enemigos del cártel, utilizando los recursos del Estado para beneficiar a los grupos delictivos.
Almanza ya había manifestado su postura anteriormente. El pasado 26 de mayo, durante su comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el exfuncionario fue tajante al preguntar sobre su situación, respondiendo: “yo no tengo por qué tengo que irme a entregar”. Esta declaración previa coincide con su reciente desmentido en el Jardín Botánico.
A diferencia de Almanza, sí existe una confirmación oficial sobre la entrega de otro alto mando. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es el único de los funcionarios señalados por Estados Unidos cuya entrega ha sido ratificada. Mérida Sánchez cruzó la frontera el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Sonora, dirigiéndose hacia Arizona, donde quedó bajo la custodia de las autoridades estadounidenses.
Por otro lado, persiste la incertidumbre respecto a Enrique Díaz Vega. Aunque diversos medios de comunicación sugieren que también ha sido detenido, no existe hasta el momento una confirmación fehaciente de este hecho. No obstante, las autoridades mexicanas parecen dar por cierta esta información, ya que en sus referencias hablan de dos funcionarios que se entregaron.
El proceso legal continúa avanzando y se ha programado la primera audiencia para el próximo lunes 1 de junio. Hasta la fecha, no se ha presentado evidencia alguna de que Marco Antonio Almanza esté buscando algún tipo de acuerdo con las autoridades estadounidenses para colaborar como testigo o cooperar con la justicia. Mientras tanto, en territorio mexicano, se permanece a la espera de que las investigaciones locales sobre este caso avancen y arrojen nuevos resultados.
