La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar del Senado el pliego que nominaba a María Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal Nº 3 de La Plata ha desencadenado un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo y los bloques aliados dentro de la Cámara alta. La medida ha generado malestar en sectores que habitualmente articulan con La Libertad Avanza, poniendo en duda la transparencia del proceso y los motivos detrás de esta decisión.
La nominación de Michelli contaba ya con el respaldo necesario dentro de la Comisión de Acuerdos para transformarse en dictamen, paso fundamental para que la designación pudiera ser votada en el recinto del Senado. A pesar de contar con las firmas requeridas, el Gobierno se ha negado a presentarla. Según fuentes consultadas, el argumento —que hasta el momento no ha sido oficializado— radica en que la abogada es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. El mencionado periodista ha estado involucrado en investigaciones sobre el caso $LIBRA y sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones periodísticas.
El respaldo a la nominación de Michelli fue significativo, obteniendo los avales de nueve de los 17 senadores que integran la Comisión de Acuerdos. Es notable que todos los senadores que firmaron el pliego pertenecen a bloques que suelen coordinar acciones con el oficialismo. Entre ellos se encuentran Carolina Losada, Maximiliano Abad y Mariana Juri, por la UCR; Flavia Royón de Primero los salteños; Carlos Espínola de Provincias Unidas; Martín Goerling del PRO; Beatriz Ávila de Independencia; Carlos Arce del Frente Renovador-Misiones y Sandra Mendoza de Convicción Federal.
En cuanto a los procedimientos, se ha señalado una irregularidad en el manejo del trámite. El Gobierno envió el pasado jueves la solicitud de retiro del pliego, pero el senador riojano Juan Carlos Pagotto, quien preside la Comisión de Acuerdos, no le asignó un número de expediente a la nominación de la abogada, aun cuando ya reunía las nueve firmas necesarias. Esta acción es considerada una irregularidad reglamentaria, ya que contraviene las normas internas de la Cámara y la voluntad expresada por los senadores que avalaron el pliego.
De acuerdo con el artículo 137º del reglamento de la Cámara Alta, el retiro de un pliego, al igual que el de cualquier proyecto, debe ser aprobado por el pleno del cuerpo en sesión. Si bien este trámite suele realizarse sin inconvenientes mediante votación a mano alzada, en casos que resulten controversiales se puede solicitar una votación nominal para dejar registro de la postura de cada legislador.
La reacción de los aliados no se hizo esperar. El bloque del PRO, liderado por Martín Goerling y cercano a Mauricio Macri, manifestó su sorpresa e incomodidad ante la decisión, atribuida en los pasillos políticos a una instrucción de Karina Milei. Goerling ratificó el respaldo a Michelli, señalando que la idoneidad de los jueces no debe quedar supeditada a factores ajenos a su capacidad profesional. El senador subrayó que el pliego había cumplido todas las instancias previstas, incluyendo la audiencia en el Senado y la ausencia de impugnaciones, advirtiendo que frenar el proceso en esta etapa genera una "desprolijidad institucional".
Por su parte, el bloque de la UCR, encabezado por Eduardo Vischi, también se encuentra en alerta. Aunque han mantenido una postura cautelosa, los radicales consideran que el retiro del pliego es infundado y han solicitado conocer los motivos oficiales antes de definir su posición. En los despachos radicales se comenta que La Libertad Avanza podría tener dificultades para conseguir los apoyos necesarios para dar marcha atrás con la nominación si el único argumento es el vínculo familiar con un periodista, calificando la acción como un posible ataque a la libertad de expresión.
El oficialismo deberá defender su postura en la sesión convocada para el próximo jueves, jornada en la que también se tratarán temas sensibles como el acuerdo con fondos buitre y el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Mientras tanto, la oposición más dura y el kirchnerismo, que no formaron parte de los firmantes del dictamen, aguardan las explicaciones oficiales.
Finalmente, la medida ha provocado críticas externas. El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación, al igual que el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Asimismo, la asociación Integridad Republicana emitió un comunicado firmado por Horacio Moavro, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alberto Garay, Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Alejandro Drucaroff, Fabio Quetglas y Luis Katz. En el texto, califican el hecho como "sumamente grave", sugiriendo que el Gobierno estaría priorizando condiciones incompatibles con el sistema republicano sobre la probidad y la independencia judicial, representando un nuevo ataque directo al periodismo.
