La jueza Altagracia Ramírez, titular del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha dictaminado este viernes la apertura a juicio de fondo contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Esta decisión judicial se fundamenta en la determinación de la magistrada de que existen elementos probatorios suficientes en el expediente para que el exfuncionario responda formalmente ante un tribunal por las acusaciones presentadas en el marco del proceso conocido como el caso Calamar.
La resolución fue emitida tras la conclusión de la fase preliminar del proceso judicial. Durante esta etapa, el tribunal se dedicó a evaluar minuciosamente la acusación formal interpuesta por el Ministerio Público, así como los diversos argumentos y recursos presentados por las defensas de los imputados involucrados en el caso. Con la emisión del auto de apertura a juicio, la jueza Ramírez estableció que las pruebas recolectadas y presentadas ameritan ser debatidas, analizadas y ventiladas en una etapa de juicio oral y público.
De acuerdo con los detalles de la acusación, Donald Guerrero es señalado como uno de los principales integrantes de una presunta red de corrupción administrativa. Según el órgano acusador, esta estructura habría operado desde diversas instituciones del Estado dominicano con el objetivo de gestionar pagos irregulares. Dichas operaciones estarían vinculadas específicamente a expropiaciones de terrenos que habían sido declarados de utilidad pública, además de otros mecanismos financieros que, según el Ministerio Público, provocaron pérdidas multimillonarias al Estado.
En el transcurso de la lectura de la decisión, la jueza Altagracia Ramírez fue enfática al explicar la naturaleza de esta etapa procesal. La magistrada aclaró que, en la fase preliminar, no corresponde al juzgado establecer la culpabilidad o la inocencia de los imputados. El propósito fundamental de esta instancia es determinar si las evidencias aportadas por la fiscalía permiten sostener razonablemente la acusación para que el proceso avance hacia un juicio de fondo, donde se evaluará el mérito de las pruebas.
El Ministerio Público ha sostenido que la estructura bajo investigación habría movilizado miles de millones de pesos mediante el uso de maniobras fraudulentas. La lista de delitos imputados a los encartados es amplia y grave, incluyendo asociación de malhechores, desfalco, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos, entre otros cargos derivados de la presunta gestión ilícita de los recursos públicos.
Por su parte, la defensa técnica de Donald Guerrero mantuvo una postura de rechazo total hacia las acusaciones. Durante la audiencia preliminar, los abogados del exministro argumentaron que las pruebas presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no demuestran de manera fehaciente la participación de su representado en los hechos atribuidos. La defensa sostuvo que no existen evidencias sólidas que vinculen directamente a Guerrero con las irregularidades señaladas por la fiscalía.
A pesar de los argumentos de la defensa, la jueza concluyó que los elementos incorporados al expediente resultan suficientes para superar la fase intermedia del proceso judicial. En consecuencia, determinó que todas las controversias planteadas por las partes, así como la validez de las pruebas, deberán ser ventiladas y resueltas durante el juicio de fondo.
El caso Calamar es una causa judicial de gran magnitud que involucra a decenas de exfuncionarios públicos y personas particulares. Todos ellos están acusados de haber formado parte de una estructura organizada que, según las investigaciones del Ministerio Público, habría generado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a los 19 mil millones de pesos. Este monto habría sido desviado o perdido a través de los ya mencionados pagos irregulares y otras operaciones ilícitas vinculadas a fondos estatales.
