Este viernes 29 de mayo, diversas fuentes informativas y actores políticos reportaron la entrega a las autoridades de Estados Unidos de Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El exfuncionario es señalado por el Departamento de Justicia estadounidense de haber brindado protección a la facción criminal conocida como "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.
La difusión de esta noticia fue impulsada por la senadora Lili Téllez y el portal informativo La Silla Rota. Asimismo, el diario El Universal compartió la información, señalando que la entrega fue confirmada a través de una fuente proveniente de la Fiscalía federal de Estados Unidos. A pesar de la repercusión de estas versiones, hasta el momento las instituciones oficiales de México y Estados Unidos no han emitido declaraciones formales para confirmar o desmentir el traslado del exfuncionario.
Desde el ámbito político, la senadora panista Lili Téllez reaccionó a la noticia a través de su cuenta en la plataforma X. En su publicación, afirmó que Almanza Avilés prefirió ser recluido en una cárcel de Estados Unidos antes que permanecer en lo que ella denominó el “narcoestado de Morena”. Durante sus declaraciones, la legisladora también señaló al senador morenista Enrique Inzunza, quien presuntamente aparece acusado en el mismo expediente judicial.
Lo que hace resaltar este caso es la contradicción temporal de los hechos. La presunta entrega se habría concretado apenas unos días después de que Marco Antonio Almanza Avilés compareciera ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán el pasado 26 de mayo. En aquella ocasión, el exjefe de investigación negó rotundamente cualquier vínculo con la criminalidad y declaró públicamente que no tenía intenciones de colaborar con la justicia extranjera.
“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea”, manifestó Almanza Avilés ante los medios de comunicación el 26 de mayo. En esa misma intervención, descartó la posibilidad de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, sosteniendo que las acusaciones en su contra carecían de sustento y se basaban únicamente en "un dicho".
Sin embargo, el expediente presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por el Departamento de Justicia de EE. UU. ofrece una versión distinta. En el documento, Almanza Avilés es identificado en las listas internas del cártel bajo el alias de “R1”. La acusación establece que el exfuncionario habría recibido pagos mensuales aproximados de 300 mil pesos por parte de Los Chapitos durante el periodo comprendido entre 2017 y 2022.
De acuerdo con el indictment, el acuerdo corrupto se habría pactado en un rancho propiedad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en el estado de Sinaloa, contando además con la presencia de Ovidio Guzmán, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. A partir de este pacto, el exfuncionario habría facilitado que la facción de Los Chapitos operara con libertad en el territorio sinaloense.
Las actividades atribuidas a Almanza Avilés incluyen la emisión de órdenes de detención dirigidas específicamente contra rivales del cártel, así como permitir el transporte de químicos destinados a la producción de fentanilo a través de Culiacán sin que hubiera interferencias policiales. Asimismo, se le acusa de haber ordenado la liberación de miembros del grupo delictivo que habían sido detenidos por tráfico de drogas y de haber filtrado información sensible sobre operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Marina.
En su comparecencia del 26 de mayo, Almanza Avilés reveló que tuvo conocimiento de los cargos en su contra cuatro días después de haber visitado territorio estadounidense. El exfuncionario mencionaba que viajaba con frecuencia a Yuma, Arizona, partiendo desde San Luis Río Colorado, Sonora, lugar donde posee tres hectáreas de cultivo de alfalfa. En ese sentido, admitió: “Si no hubieran publicado eso, yo hubiera sido el primero que hubiera caído ahí”.
Con esta presunta entrega, Almanza Avilés se sumaría a otros exfuncionarios ya procesados en Estados Unidos, como el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se encuentra en manos de la justicia estadounidense y tiene programada una audiencia para el 1 de junio. De igual forma, existen presunciones extraoficiales de que el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, también estaría bajo tutela judicial en aquel país, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.
Actualmente, Marco Antonio Almanza Avilés enfrenta tres cargos graves: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer dicho armamento. De ser hallado culpable por el tribunal estadounidense, la pena mínima que podría enfrentar es de 40 años de prisión, pudiendo llegar hasta la cadena perpetua.
